el_faro_user El viernes 17 de julio, una niña de seis años falleció tras ser sometida a una cirugía menor en la clínica La Sagrada Familia, ubicada en San Pedro Cholula, Puebla. Familiares y abogados de la menor denunciaron presunta negligencia médica por parte del personal del nosocomio, lo que ha reavivado el debate sobre la regulación y supervisión de clínicas privadas en la entidad.
De acuerdo con la información difundida en redes sociales, la intervención quirúrgica consistía en una apendicectomía. Sin embargo, horas después del procedimiento, los familiares fueron notificados del fallecimiento de la menor, sin que se les proporcionara una explicación clara y detallada sobre las causas del deceso.
Angélica Juárez, abogada de los familiares, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado y a la administración estatal para que se investigue a fondo el caso y se garantice que no quede impune. “Hoy una muerte más por negligencia médica, fue de una niña, hacemos el llamado a toda la comunidad, a la sociedad pero también a las autoridades porque queremos una sola cosa que es justicia”, declaró la representante legal.
Además, se solicitó una revisión exhaustiva de la clínica La Sagrada Familia para verificar que cuente con los permisos y certificaciones necesarias para operar, con el fin de evitar que otros pacientes sean víctimas de posibles irregularidades o negligencias.
Este lamentable suceso pone nuevamente en el centro del debate la calidad y condiciones en que operan algunas clínicas privadas en Puebla, así como la capacidad y responsabilidad de quienes brindan servicios médicos en estos espacios. El caso recuerda la tragedia ocurrida el 18 de mayo en la clínica Detox, también en Puebla, donde Blanca Adriana Vázquez perdió la vida durante una cirugía estética. En aquel caso, la supuesta doctora y su hijo, quienes se acreditaron con documentos falsos, permanecen prófugos, lo que evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el sector privado de salud.
En un contexto donde la infraestructura pública enfrenta retos para atender a toda la población, la existencia de clínicas privadas confiables y reguladas es fundamental para garantizar el derecho a la salud y la seguridad de los pacientes. La vigilancia estatal debe ser rigurosa, pero sin caer en intervenciones excesivas que obstaculicen la operación de servicios privados que, bien administrados, complementan el sistema de salud.
Este caso en Cholula es un llamado a la responsabilidad compartida entre autoridades, profesionales de la salud y propietarios de clínicas para preservar la vida y la integridad de los pacientes, especialmente de los más vulnerables, como los menores de edad.
