el_faro_user El Tribunal de Enjuiciamiento dictó este viernes 17 de julio de 2026 una sentencia de 56 años de prisión contra José María Sosa Álvarez por la desaparición de Paulina Camargo Limón, un caso que data de agosto de 2015. La resolución judicial reconoce la responsabilidad del acusado en la desaparición de la joven y su bebé, quien tenía cuatro meses y medio de gestación al momento de los hechos.
Paulina Camargo desapareció el 25 de agosto de 2015 tras acudir a una consulta médica en la colonia San Manuel, cerca de Plaza Solé, acompañada por José María N., padre del hijo que esperaba. Desde entonces, la joven no regresó a su domicilio, lo que motivó la denuncia de sus padres y la posterior detención de José María N., conocido como Chema, como principal sospechoso. Inicialmente, fue condenado a 16 años por homicidio y aborto, aunque el cuerpo de Paulina nunca fue encontrado. Sin embargo, tras recursos legales, esa condena fue revocada y el acusado quedó absuelto de esos delitos.
La madre de Paulina, Rocío Limón, expresó tras conocer la sentencia que “se logró hacer justicia para ella y para el bebecito, pero esto sigue siendo muy doloroso”. Destacó el respaldo de colectivos y personas que han acompañado a su familia durante casi 11 años de búsqueda, y afirmó con firmeza: “Mi hija continúa desaparecida y José María Sosa Álvarez es responsable de su desaparición. Hoy puedo decirlo sin temor; él es el responsable, como lo ha sido durante estos casi 11 años”.
La resolución fue recibida con abrazos, consignas y el sonido de tambores por familiares e integrantes de colectivos que han mantenido viva la exigencia de justicia. Este caso, que ha trascendido por la ausencia de un cuerpo y la complejidad legal, refleja la persistencia de las familias en la lucha contra la impunidad en México.
Aunque la sentencia representa un avance judicial, la búsqueda de Paulina y su bebé continúa, un recordatorio de la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y justicia para las víctimas y sus familias. En un país donde la desaparición forzada sigue siendo una herida abierta, la resolución de este caso aporta un precedente relevante para la defensa de los derechos humanos y la seguridad jurídica.
