La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó la detención de Javier Montalvo Juárez, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan, como parte de las investigaciones por el homicidio del periodista, profesor y abogado Josué Martínez Contreras.
El arresto se llevó a cabo el sábado 18 de julio de 2026, a las 14:04 horas, en la carretera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala, entre la Autopista Arco Norte y Domingo Arenas, según consta en el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La FGE precisó que la detención fue por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, no directamente por el homicidio, ocurrido la mañana del jueves 16 de julio frente al hijo de 13 años de la víctima. Durante las diligencias, los agentes detectaron que Montalvo Juárez intentó ofrecer un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura correspondiente y dinero en efectivo a los policías para evitar las consecuencias legales derivadas de la investigación.
Los agentes rechazaron la oferta y procedieron a la detención con estricto apego a la legalidad, informándole en todo momento sus derechos. El arresto se realizó cerca de una tienda de conveniencia en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, luego de que el detenido reconociera estar bajo investigación.
El presidente auxiliar fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.
Por su parte, la Fiscalía reiteró que las investigaciones por el homicidio del periodista continúan con un enfoque integral, exhaustivo y objetivo, agotando todas las líneas de investigación conforme a los protocolos para delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Este caso subraya la importancia de mantener la integridad en las investigaciones y evitar cualquier acto de corrupción que pueda entorpecer la procuración de justicia, un principio fundamental para preservar el estado de derecho y la seguridad en Puebla.
En un contexto donde la violencia contra periodistas sigue siendo una preocupación nacional, la actuación firme y transparente de las autoridades es indispensable para garantizar la libertad de expresión y la protección de quienes ejercen esta labor.

