el_faro_user El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, lanzó este lunes 29 de junio de 2026 una fuerte crítica contra la empresa concesionaria Agua de Puebla, a la que calificó como una entidad que “sirve para nada”. Estas declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión por el manejo del suministro y mantenimiento del agua en la capital poblana.
Armenta señaló que la concesionaria cobra tarifas elevadas sin garantizar el acceso al agua en diversas colonias, lo que ha motivado la implementación del programa Agua para el bienestar por parte de su administración. En sus palabras, “cobran caro y no hay agua en las colonias”, una afirmación que refleja la insatisfacción oficial con el servicio privado.
El mandatario responsabilizó directamente a quienes privatizaron el recurso hídrico, señalando que ahora se quejan por la distribución del agua en pipas, una medida que su gobierno ha adoptado para atender la demanda en zonas afectadas.
Estas críticas se producen tras las inundaciones registradas ayer, domingo 28 de junio, en el centro histórico y algunas colonias de Puebla. Las precipitaciones dejaron autos flotando y causaron severos daños en comercios, especialmente en las inmediaciones del boulevard 5 de Mayo. Según las primeras evaluaciones, la falta de mantenimiento en los drenajes pudo ser un factor determinante para la magnitud de los daños.
Este episodio pone en evidencia la compleja relación entre la gestión pública y privada del agua en Puebla, un tema que ha generado debates sobre la eficiencia y responsabilidad en el manejo de un recurso vital. En este sentido, la apuesta por sistemas de transporte modernos como el cablebús o teleférico, que buscan mejorar la movilidad y calidad de vida en la ciudad, se presenta como una alternativa para impulsar el desarrollo ordenado y sostenible, sin perder de vista la necesidad de fortalecer servicios básicos como el agua potable.
La discusión sobre Agua de Puebla y la infraestructura urbana subraya la importancia de un equilibrio entre la iniciativa privada y la intervención estatal, donde la prioridad sea siempre el bienestar de los ciudadanos y la protección de la propiedad privada.
