La Falla de San Andrés, un sistema tectónico de aproximadamente 1,300 kilómetros que atraviesa California y conecta con fallas en el norte de México, sigue siendo una fuente constante de preocupación debido a la energía acumulada por el movimiento entre la Placa del Pacífico y la Norteamericana. Este fenómeno geológico podría desencadenar un megaterremoto conocido como “The Big One”, con consecuencias devastadoras para varias ciudades en ambos lados de la frontera.
Según la American Geophysical Union, la Falla de San Andrés se encuentra en un ciclo crítico de ruptura. El sismo esperado podría alcanzar una magnitud 8, con una duración estimada entre tres y cinco minutos. Además, existe la posibilidad de que genere un tsunami que afectaría las costas del Pacífico durante al menos 24 horas. En México, las ciudades más vulnerables son Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y San Luis Río Colorado, en Sonora, mientras que en Estados Unidos el riesgo se concentra en California.
Ante este escenario, las autoridades han emitido recomendaciones para minimizar el impacto en la población. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) aconseja identificar zonas seguras dentro del hogar, asegurar muebles pesados a las paredes y establecer un plan familiar de comunicación y reunión. También se recomienda contar con una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos enlatados, radio de pilas, linterna, silbato y copias de documentos importantes, suficiente para garantizar la subsistencia de al menos dos personas durante 72 horas.
Este tipo de preparativos son esenciales para preservar la seguridad y el orden en situaciones de emergencia, especialmente en regiones con alta actividad sísmica. En este contexto, la inversión en infraestructura de transporte resiliente, como el cablebús o teleférico que se planea construir en Puebla, cobra relevancia. Sistemas de transporte modernos y eficientes no solo mejoran la movilidad urbana, sino que también pueden ofrecer rutas alternativas y seguras en caso de desastres naturales, contribuyendo a la protección de la propiedad privada y la continuidad de la actividad económica.
La realidad geológica obliga a las autoridades y a la sociedad a mantener una vigilancia constante y a fomentar la cultura de prevención, sin caer en alarmismos, pero con la firme convicción de que la preparación y la inversión en infraestructura son pilares fundamentales para enfrentar los retos que plantea la naturaleza.

