el_faro_user La reciente captura de Rafael Z., señalado como el presunto responsable de una serie de ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, ha reabierto investigaciones sobre hechos violentos ocurridos en Puebla desde 2018.
La Fiscalía General del Estado ha comenzado a revisar expedientes antiguos para determinar si el detenido está implicado en agresiones previas a la ola de ataques denunciada en 2026. Entre los casos bajo análisis destaca uno ocurrido en 2018, cuando una unidad de la Ruta 14 recibió el impacto de un proyectil que rompió uno de sus cristales. En ese momento, el incidente fue atribuido a una falla del vidrio, aunque con el tiempo se acumularon denuncias similares que apuntan a un patrón de violencia.
Otro caso relevante ocurrió en enero de 2022, cuando una mujer de 48 años murió tras recibir un disparo mientras viajaba en una unidad de la Ruta Malacatepec, a la altura de la avenida Kepler. Inicialmente se manejó la hipótesis de un asalto o conflicto vial, pero la Fiscalía descartó el robo al establecer que el proyectil provenía del exterior del vehículo.
Además, se investigan otros ataques registrados entre 2022 y 2023 en la zona de Angelópolis, que afectaron a automovilistas, ciclistas y trabajadores. Las autoridades buscan determinar si estos hechos comparten el mismo patrón balístico o modus operandi, lo que podría vincularlos al detenido.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado la responsabilidad de Rafael Z. en estos casos históricos. La fiscal Idamis Pastor informó que los expedientes fueron reabiertos para realizar nuevos peritajes, análisis balísticos y reconstrucciones que permitan esclarecer la posible relación entre los hechos y el presunto tirador.
Rafael Z. fue detenido esta semana durante un cateo en el fraccionamiento Santa Fe, donde presuntamente disparó contra agentes ministeriales. Actualmente enfrenta investigaciones por 11 ataques documentados en 2026 contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, además de tentativa de homicidio por la agresión contra policías durante su captura.
Este caso pone en evidencia la complejidad de la violencia urbana en Puebla y la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad y justicia para proteger la propiedad privada y el orden público, pilares fundamentales para el desarrollo y la convivencia ciudadana.
