el_faro_user Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), enfrenta una crisis económica que lo ha llevado a poner en venta su patrimonio. En un mensaje publicado este jueves 16 de julio de 2026 en la red social X, Arriaga denunció que lleva más de seis meses sin recibir la liquidación correspondiente tras su salida de la dependencia, ocurrida en febrero de este año.
“No puedo más. Prefiero regalarlo todo que dejar que Santander lo remate. Pasaron más de seis meses sin recibir mi liquidación de la SEP y no puedo más con los malditos intereses. Si alguien busca una casa en Juaritos, estoy malbaratando el patrimonio que construí como maestro”, escribió el exfuncionario.
La situación de Arriaga refleja las dificultades financieras que pueden enfrentar servidores públicos tras su salida, especialmente cuando existen demoras en el pago de prestaciones. En este caso, el exdirector fue separado de su cargo luego de una serie de diferencias con la administración federal respecto a las modificaciones en los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana, un proyecto que él encabezó y que generó una amplia polémica durante el sexenio pasado.
El conflicto no solo tuvo repercusiones políticas, sino que también derivó en un enfrentamiento público, pues Arriaga permaneció varios días en sus oficinas denunciando que su remoción era injustificada. Ahora, la falta de liquidación ha puesto en riesgo su patrimonio, ya que enfrenta una deuda hipotecaria con Santander que podría derivar en la pérdida de su vivienda.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Educación Pública ni Santander han emitido algún posicionamiento oficial sobre las declaraciones del exfuncionario.
Este caso pone en evidencia la importancia de garantizar procesos claros y justos en la liquidación de servidores públicos, así como la necesidad de mantener un orden financiero que proteja la propiedad privada, especialmente en un contexto donde la estabilidad económica personal puede verse afectada por decisiones administrativas.
En un país donde la educación pública es un pilar fundamental, la gestión de materiales educativos debe equilibrar la innovación con la responsabilidad administrativa, evitando que los conflictos internos terminen afectando no solo a las instituciones, sino también a quienes han dedicado su carrera a este sector.
