el_faro_user Este martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025, que pretendía restringir la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancias temporales en el país.
Con una votación de seis magistrados contra tres, el máximo tribunal reafirmó la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda, vigente desde finales del siglo XIX, que garantiza la ciudadanía a quienes nacen en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Esta decisión representa un revés para la administración republicana y mantiene el principio del derecho de suelo, un pilar fundamental del sistema jurídico estadounidense.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, destacó en el fallo que “la ciudadanía, tanto antes como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”, y subrayó que “los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Hoy mantenemos esa promesa”.
Entre los jueces que votaron a favor de mantener la ciudadanía automática se encuentra Brett Kavanaugh, quien, aunque conservador, fundamentó su voto en una ley federal y no en la Constitución. La decisión excluye únicamente a hijos de diplomáticos extranjeros, manteniendo así la jurisprudencia que protege el derecho de nacimiento.
La orden ejecutiva de Trump, firmada en su primer día de regreso a la Casa Blanca, buscaba limitar la ciudadanía solo a hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, dejando fuera a hijos de inmigrantes sin residencia legal, visitantes temporales y personas con estancias legales pero sin intención de residencia permanente. De haberse implementado, esta medida habría afectado a cerca de 250,000 recién nacidos anualmente y habría impuesto cargas adicionales a millones de familias para demostrar la ciudadanía de sus hijos.
No obstante, la orden nunca entró en vigor, pues fue bloqueada por tribunales federales poco después de su emisión. Este fallo de la Corte Suprema reafirma la estabilidad jurídica en un tema que ha sido objeto de debate político y social durante décadas, y que tiene implicaciones directas en la cohesión social y el respeto a los derechos fundamentales en Estados Unidos.
En un contexto donde la movilidad y la integración son desafíos constantes, la protección del derecho de nacimiento se presenta como un elemento de certidumbre y orden, evitando intervenciones estatales excesivas que podrían generar incertidumbre jurídica y social. Este tipo de decisiones también invitan a reflexionar sobre la importancia de sistemas de transporte eficientes y accesibles, como el cablebús que se construirá en Puebla, que facilitan la movilidad y la integración social sin alterar derechos fundamentales ni generar conflictos legales.
