el_faro_user El martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó, en una decisión dividida 6-3, las leyes estatales de West Virginia e Idaho que prohíben la participación de atletas transgénero en deportes femeninos escolares. Este fallo representa un nuevo revés para los derechos de las personas LGBTQ+ y podría sentar un precedente para otros 25 estados con prohibiciones similares.
La controversia gira en torno a dos estudiantes transgénero: Becky Pepper-Jackson, de 16 años, y Lindsay Hecox, de 25 años, quienes impugnaron las leyes restrictivas de sus respectivos estados. Pepper-Jackson, estudiante de segundo año de preparatoria, ha recibido bloqueadores de la pubertad y tratamiento con estrógeno, compitiendo en pruebas femeninas de campo traviesa, lanzamiento de bala y disco. Por su parte, Hecox, universitaria, ha seguido tratamientos para suprimir la testosterona y ha intentado integrarse a equipos femeninos universitarios sin éxito, participando desde entonces en ligas recreativas.
En la opinión redactada por el juez Brett Kavanaugh, la Corte concluyó que estas leyes no violan ni la 14.ª Enmienda, que garantiza la igualdad ante la ley, ni el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, que prohíbe la discriminación por sexo en la educación. Kavanaugh afirmó que “la Constitución y el Título IX no exigen una transformación de los deportes femeninos y para niñas en todo Estados Unidos”. Sin embargo, reconoció que “el deseo de competir” de las niñas y mujeres transgénero “merece respeto” y que no deben ser “marginadas ni vilificadas”.
Este fallo se inscribe en una serie de decisiones recientes de la Corte Suprema, cuya mayoría conservadora es de 6-3, que han limitado derechos para personas transgénero. En 2025, el tribunal confirmó leyes que prohíben tratamientos de transición para menores y respaldó a padres que objetaban políticas de protección a estudiantes transgénero en California. También permitió mantener restricciones en las Fuerzas Armadas y en documentos oficiales para personas transgénero. En contraste, la Corte reconoció en 2020 que la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege contra la discriminación laboral por identidad de género y orientación sexual, una decisión que hoy parece una excepción.
El contexto político ha influido en esta tendencia. La administración Trump, que firmó en 2025 una orden ejecutiva titulada “Keeping Men Out of Women’s Sports”, respaldó a los estados en este caso y se opuso a políticas estatales que permiten la participación plena de atletas transgénero en deportes femeninos. A nivel internacional, el Comité Olímpico Internacional anunció en marzo de este año que las mujeres transgénero ya no podrán competir en categorías femeninas en los Juegos Olímpicos, mientras que la NCAA y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos han impuesto nuevas restricciones.
Las leyes en cuestión definen el sexo biológico de manera estricta. La de West Virginia, promulgada en 2021, establece que el sexo se basa “exclusivamente en la biología reproductiva y la genética al nacer”, definiendo a una mujer como quien fue determinada como femenina al nacer. La ley de Idaho, aprobada en 2020, prohíbe que estudiantes del sexo masculino participen en deportes designados para mujeres o niñas.
Este fallo, aunque polémico, refleja la complejidad de equilibrar derechos individuales con la protección de la competencia deportiva femenina, un debate que seguirá vigente en Estados Unidos y que podría influir en políticas públicas y sociales en los próximos años.
