Un reportaje publicado por The New York Times, en colaboración con Puente News, expone que varios funcionarios y legisladores mexicanos, principalmente afiliados a Morena, han establecido contactos con autoridades de Estados Unidos para proporcionar información sobre investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
Según el diario estadounidense, al menos una docena de funcionarios, entre ellos gobernadores y legisladores, han buscado comunicarse con autoridades estadounidenses, y algunos ya participan en conversaciones confidenciales. Este acercamiento responde a la intención de anticiparse a posibles investigaciones en su contra.
El reporte, firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, señala que estos contactos comenzaron tras la acusación formal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó a finales de abril contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Además, el periódico detalla que la DEA ha implementado una iniciativa para contactar de manera privada a funcionarios mexicanos con el fin de persuadirlos a colaborar en las investigaciones.
Las pesquisas estadounidenses también se nutren de información proporcionada por integrantes del Cártel de Sinaloa detenidos en Estados Unidos, así como por algunos de los 92 presuntos operadores del narcotráfico que México ha enviado a territorio estadounidense en los últimos 18 meses, varios de los cuales han comenzado a colaborar con fiscales federales.
Estas investigaciones han generado una creciente fricción diplomática entre México y Estados Unidos. Desde que se hicieron públicas las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descalificado reiteradamente los señalamientos y ha insistido en que cualquier indagatoria debe realizarse con base en los mecanismos de cooperación bilateral y con respeto a la soberanía nacional.
Este episodio pone en evidencia la compleja relación entre ambos países en materia de seguridad y justicia, donde la cooperación es indispensable pero debe equilibrarse con el respeto a la autonomía mexicana. En este contexto, la búsqueda de soluciones eficientes y modernas para la movilidad urbana, como el cablebús que se construirá en Puebla, cobra relevancia. Sistemas de transporte público innovadores y bien gestionados pueden contribuir a fortalecer el orden y la cohesión social, elementos fundamentales para enfrentar desafíos estructurales como la inseguridad y la corrupción.

