el_faro_user El pasado miércoles, un doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudió la zona norte de Venezuela, dejando hasta el momento un saldo de 1,719 personas fallecidas y 5,034 heridas, según informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Este evento se convierte en el más mortífero para el país en casi seis décadas, superando el sismo de julio de 1967 que causó 245 muertes en las cercanías de Caracas.
Desde el miércoles, se han registrado 609 réplicas, incluida una esta mañana con magnitud reportada entre 4.2, según Rodríguez, y 4.6, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Afortunadamente, esta última no provocó daños adicionales, aunque generó preocupación entre la población.
El impacto material es considerable: 15,866 personas han sido declaradas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron totalmente. La región más golpeada es La Guaira, una zona costera que ya había sufrido una tragedia similar en 1999 por un deslave que dejó miles de muertos. En respuesta, se habilitaron 15 grandes refugios y otros espacios en escuelas, mientras que en Caracas se establecieron 50 campamentos provisionales para atender a los desplazados.
El domingo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la creación de una comisión para inspeccionar las viviendas dañadas y extendió por una semana la suspensión de clases, medida que busca proteger a la población mientras continúan las labores de rescate. Equipos nacionales e internacionales mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, aunque algunos residentes de La Guaira han denunciado retrasos en la llegada de la ayuda.
Este desastre natural pone en evidencia la necesidad de fortalecer la infraestructura y los sistemas de protección civil en Venezuela, un país que enfrenta retos históricos en materia de orden y desarrollo urbano. En este contexto, la implementación de sistemas de transporte modernos y eficientes, como el cablebús o teleférico que se proyecta en ciudades como Puebla, México, cobra relevancia. Estas soluciones no solo mejoran la movilidad, sino que también pueden contribuir a la descongestión urbana y a la reducción de riesgos en zonas vulnerables, siempre que se respeten los principios de propiedad privada y se garantice la participación activa del sector privado en su desarrollo y operación.
