el_faro_user Cuatro usuarios presentaron una demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment en San Francisco, acusando a la empresa de incumplir la ley de transparencia en bienes digitales de California (AB 2426), vigente desde principios de 2025. La legislación prohíbe el uso de términos como «comprar» o «propiedad» sin aclarar que los juegos digitales se venden bajo licencias revocables, no como bienes de propiedad definitiva.
El litigio surge en un contexto de creciente descontento entre los consumidores, tras el cierre de servidores que ha dejado inaccesibles títulos por los que pagaron el precio completo. Un caso emblemático es el de Destruction AllStars, juego exclusivo de PS5 lanzado en 2021, cuyos servidores fueron desconectados en mayo de 2026. Actualmente solo queda disponible un modo para un jugador que desaparecerá el 25 de noviembre de este año, dejando el software inutilizable.
Este fenómeno no es nuevo. En 2023, Ubisoft cerró los servidores de The Crew, eliminando incluso modos locales, lo que motivó la creación de la ley AB 2426 por la asambleísta Jacqui Irwin. Además, ha impulsado el movimiento internacional Stop Killing Games, que busca que las editoras permitan a las comunidades mantener servidores privados o jugar sin conexión tras el abandono comercial.
Sony enfrenta en 2026 múltiples frentes legales. Entre ellos, un acuerdo preliminar aprobado para resolver una demanda antimonopolio (Caccuri v. Sony) que acusa a la compañía de inflar precios al prohibir la venta de códigos digitales en tiendas minoristas desde 2019. Los usuarios afectados recibirán compensaciones tras la audiencia final del 15 de octubre de 2026.
También en mayo de 2026 se presentó una demanda por presuntos sobreprecios en la venta de PS5 durante la crisis de aranceles, acusando a Sony de no trasladar a los consumidores las devoluciones millonarias de impuestos aduaneros que reclamó.
Mientras los tribunales evalúan si Sony debe modificar la terminología en su tienda digital para reflejar la naturaleza de licencia de sus productos, la industria observa un caso que podría redefinir la relación entre consumidores y contenidos digitales, exigiendo mayor claridad y respeto a la propiedad privada en el entorno virtual.
