el_faro_user El alcalde de San Rafael, Veracruz, Gil Armando Méndez Grappin, enfrenta acusaciones por presuntamente haber ocultado a su sobrino, Ricardo R. S., quien es buscado por la Fiscalía General del Estado de Morelos como presunto feminicida de Andrea Maylín Chino Ramos.
Según la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, el edil, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), habría utilizado sus influencias para proteger no solo a Ricardo, sino también a sus padres, Viola S. y Ricardo R. C., quienes fueron detenidos el 17 de junio de 2026 en San Rafael, Veracruz, y en el Estado de México, respectivamente.
El caso se remonta al 20 de junio de 2025, cuando Andrea Maylín, de 22 años, desapareció en Yautepec, Morelos, tras salir con Ricardo R. S. Tres días después, el presunto agresor tardó en comunicarse con la familia de la víctima, alegando desconocer su paradero. Finalmente, el cuerpo de Andrea fue encontrado el 30 de julio de 2025 en un predio cercano al domicilio de la familia de Ricardo, lo que llevó a la Fiscalía de Morelos a abrir una carpeta de investigación. Desde entonces, Ricardo permanece prófugo, presuntamente con apoyo de sus padres.
La detención de Viola S. y Ricardo R. C. fue posible gracias a la Ley Monse, una reforma pionera en Morelos que elimina la “excusa absolutoria” para familiares que encubren delitos graves como feminicidio. Esta legislación fue aprobada en Veracruz el 28 de octubre de 2025, con 39 votos a favor, y establece que lazos de sangre no pueden justificar el encubrimiento.
Aruzy Unda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar, señaló que el alcalde Méndez Grappin podría ser objeto de investigación por parte de las autoridades, dado que habría protegido a sus familiares después de la entrada en vigor de esta reforma.
La denuncia pública de la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, difundida a través de redes sociales, cuestiona la actuación del alcalde: “¿Cómo es posible que un servidor público actúe como cómplice de un feminicidio?”
Este caso pone en evidencia la complejidad de garantizar justicia en contextos donde la protección familiar y el poder político se entrelazan, y subraya la importancia de mecanismos legales como la Ley Monse para fortalecer el Estado de derecho y la protección de las víctimas.
En un país donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una crisis, la aplicación efectiva de estas leyes y la transparencia en la actuación de los servidores públicos son indispensables para restaurar la confianza ciudadana y preservar el orden social.
