el_faro_user El fallecimiento del maestro Alberto Israel Jasso Cruz, docente con 25 años de trayectoria en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), ha puesto nuevamente en el centro del debate la presunción de inocencia y la eficacia de los protocolos institucionales y judiciales en casos de denuncias por presuntos delitos sexuales.
El pasado 14 de julio, una alumna identificada como Ramírez Maya Estrella Jocelin presentó una denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra Jasso Cruz, acusación que el profesor negó categóricamente. Según su versión, el conflicto se originó cuando la estudiante se quedó dormida durante un curso intersemestral y él intentó despertarla, situación que fue malinterpretada y derivó en la denuncia.
Horas antes de quitarse la vida, el maestro difundió un video y un documento en los que rechazó la acusación y explicó que su decisión fue consecuencia del impacto personal, profesional y jurídico que enfrentaba. En su mensaje, advirtió que la presunción de inocencia, principio fundamental del sistema legal, queda anulada en la práctica en este tipo de casos, dejando a los señalados en una situación de indefensión.
“Quiero dejar claro que la decisión que tomo no es porque sea culpable, sino todo lo contrario. Quiero que se entienda como un acto de rebeldía, un sacrificio, para que mejoren el sistema de justicia y se respete la presunción de inocencia”, expresó el docente. Además, dirigió una advertencia a sus colegas: “Por favor, no se apeguen a sus estudiantes, no son sus hijos, no son su familia, no creen ningún tipo de lazo, solo es un trabajo; alguno o alguna les puede hacer perder todo, hasta la vida”.
Tras confirmarse el suicidio, trabajadores e integrantes del plantel Azcapotzalco manifestaron su consternación y exigieron una revisión profunda de los mecanismos institucionales. Señalaron que el profesor enfrentaba simultáneamente un proceso administrativo interno y una investigación ministerial, situación que lo colocó en un estado de vulnerabilidad extrema.
La comunidad del IEMS solicitó que se evalúe la atención en salud mental para las partes involucradas y que se ajusten los protocolos para garantizar tanto la protección oportuna de posibles víctimas como el respeto irrestricto al debido proceso.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una resolución pública sobre la denuncia penal ni sobre las carpetas de investigación relacionadas con el caso. Este episodio pone en evidencia la necesidad de equilibrar la protección de los derechos de las víctimas con la defensa de la presunción de inocencia, un principio esencial para la justicia y el orden social.
