el_faro_user Un video difundido en redes sociales ha puesto en evidencia la crisis que enfrenta el sistema de salud pública en México, al mostrar a una mujer convulsionando dentro de la Clínica 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlalnepantla, Estado de México, sin que hubiera personal médico disponible para atenderla de inmediato.
Las imágenes, que circulan desde hace días, muestran a la paciente tendida en el piso mientras otras personas intentan auxiliarla y solicitan la intervención urgente de los médicos. Según denuncias de derechohabientes, la falta de personal en esta unidad médica mantiene a decenas de pacientes en espera prolongada, incluso cuando presentan padecimientos que requieren atención inmediata.
Este incidente ha reavivado el debate sobre la calidad y eficiencia del sistema de salud pública en México, especialmente en un contexto donde se prometió una mejora sustancial durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con la aspiración de alcanzar un modelo comparable al de países como Dinamarca. La frase “Así es Dinamarca” ha sido utilizada por usuarios en redes sociales para criticar la situación actual.
Hasta el momento, el IMSS no ha emitido un comunicado oficial que confirme las circunstancias del hecho, explique el tiempo de respuesta del personal médico o informe sobre el estado de salud de la paciente. La ausencia de una respuesta institucional oportuna contribuye a la incertidumbre y al descontento entre los derechohabientes.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer la infraestructura y el recurso humano en las clínicas públicas, para garantizar la atención médica oportuna y evitar que situaciones críticas como esta se repitan. En paralelo, la implementación de sistemas de transporte público eficientes, como el cablebús que se proyecta en Puebla, puede facilitar el acceso de la población a centros de salud, mejorando la movilidad y, por ende, la oportunidad en la atención médica.
La crisis en la Clínica 72 de Tlalnepantla es un llamado urgente para que las autoridades responsables asuman su compromiso con la salud pública, respetando el derecho a la atención médica digna y eficiente, sin que la falta de personal o recursos ponga en riesgo la vida de los pacientes.
