el_faro_user La clínica de maternidad La Sagrada Familia, ubicada en San Pedro Cholula y donde falleció una menor de seis años conocida como “Vicky”, pertenece al exdiputado local Ignacio Alvízar Linares. Este personaje, vinculado a Movimiento Ciudadano, fue investigado por diversas irregularidades durante su gestión como secretario de Educación Pública en la administración del gobernador Guillermo Pacheco Pulido.
La sociedad mercantil “Maternidad La Sagrada Familia, sociedad anónima de capital variable” fue constituida en 2014 por Alvízar Linares junto a su entonces esposa, Irma Palacios García, quien también figura como socia en otras empresas constructoras. En ese periodo, Alvízar se desempeñaba como diputado local de la LIX legislatura, previo a ocupar el cargo de regidor en San Pedro Cholula, donde opera la clínica.
Desde 2013, un año antes de formalizar la empresa, la clínica se promocionaba en redes sociales con un video que prometía “las mejores instalaciones” y “tecnología de primer nivel”. Sin embargo, el espacio reducido y el equipo médico limitado contrastan con esas afirmaciones, situación que ha sido señalada por usuarios y medios locales.
En mayo de 2016, portales informativos de Cholula reportaron que la clínica carecía de cédula de empadronamiento desde 2013 y hasta ese año, además de haber sido clausurada en 2015 por incumplir con los lineamientos de uso de suelo. A pesar de la multa de 18 mil pesos impuesta por retirar los sellos de clausura, la clínica continuó operando.
En 2018, Jane Jessica Espinoza Agis fue nombrada gerente del centro médico; ella se convirtió en esposa de Alvízar y lo acompañó durante su paso como subsecretario de Educación Superior en 2017 y posteriormente como secretario de Educación en el gobierno de Pacheco Pulido. En 2022, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que Alvízar se encontraba prófugo, sin registro de actividad pública desde entonces.
Las reseñas en Google reflejan la percepción negativa de pacientes. Un usuario identificado como Brandon relató hace dos años que su esposa dio a luz en la clínica y denunció negligencia médica, como la falta de un primer baño al bebé y la prescripción de un medicamento para adultos, además de la presencia de cucarachas en las habitaciones. Otro usuario, Carlos Sánchez, calificó la atención como mala y al personal como grosero y prepotente. Testimonios de hace cinco años también advertían sobre los riesgos de acudir a esta clínica.
A pesar de la clausura parcial de quirófanos, sala de partos y áreas de internamiento, la clínica continúa operando. En una llamada realizada por Oro Noticias, la administración confirmó que mantienen servicios y ofrecen consultas de valoración. Incluso se ofrecieron a rentar espacios para que médicos externos realicen procedimientos, sin mencionar la clausura vigente.
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió un expediente de atención temprana y aseguró únicamente el quirófano. La menor “Vicky” fue llevada a la clínica para un procedimiento menor, pero falleció horas después sin que el personal médico proporcionara una explicación clara sobre las complicaciones presentadas.
Este caso pone en evidencia la necesidad de supervisión rigurosa en clínicas privadas, especialmente en sectores tan sensibles como la maternidad, donde la seguridad y la calidad deben ser prioritarias. La propiedad privada y la iniciativa empresarial son pilares fundamentales, pero requieren un marco regulatorio efectivo que garantice el orden y la protección de los usuarios. En este contexto, sistemas de transporte público modernos y bien gestionados, como el cablebús que se proyecta en Puebla, pueden contribuir a mejorar el
