el_faro_user La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla presentó seis denuncias penales contra empresas que habrían presentado documentación presuntamente alterada para su registro en el padrón estatal de proveedores y contratistas. Entre estas compañías se encuentra Petroaadlab, S.A. de C.V., vinculada a Rafael Zabalza Beraza, conocido públicamente como “El Tirador de la Atlixcáyotl” y detenido por la Fiscalía General del Estado por disparar contra vehículos en la Vía Atlixcáyotl.
El titular de la Secretaría, Alejandro Espidio Reyes, confirmó que las denuncias se interpusieron tras detectar irregularidades en los documentos entregados por los representantes legales de las empresas, aunque no reveló los nombres de las otras cinco compañías ni detalles específicos sobre las carpetas de investigación o los documentos alterados.
Petroaadlab fue constituida el 29 de marzo de 2017, fecha que coincide con la información proporcionada por Espidio Reyes en respuesta a una pregunta directa sobre la empresa relacionada con Zabalza Beraza. El funcionario explicó que a partir de esa fecha la empresa comenzó su proceso de registro en el padrón estatal, donde se evalúa la documentación para verificar solvencia económica, capacidad técnica, experiencia y especialización, aspectos fundamentales para la asignación de contratos públicos.
La Secretaría remitió la información recabada a las autoridades competentes para que determinen las posibles responsabilidades penales o administrativas. Además, la dependencia envió una iniciativa al Congreso de Puebla para fortalecer los procesos de calificación y registro de proveedores y contratistas, con el objetivo de establecer requisitos más claros en materia de solvencia moral y técnica, así como para instalar una mesa de trabajo que delimite competencias y mejore la revisión de expedientes.
Este esfuerzo por reforzar el padrón estatal busca garantizar mayor transparencia y orden en la contratación pública, evitando que empresas con documentación irregular puedan acceder a beneficios o contratos estatales. En un contexto donde la confianza en las instituciones es fundamental para el desarrollo económico y social, estas acciones representan un paso necesario para proteger la propiedad privada y la legalidad en el sector empresarial poblano.
