el_faro_user La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó esta tarde en Ensenada, Baja California, una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de esa entidad, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La detención ocurre en un contexto de alta complejidad investigativa relacionada con operaciones de contrabando de hidrocarburos, específicamente vinculadas a una empresa fundada por Ruffo Appel. Según la FGR, la investigación se centró en grandes movimientos de combustible, entre ellos el aseguramiento de 15 millones de litros transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, presuntamente relacionados con el denominado “huachicol fiscal”.
Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador de oposición en México tras ganar la gubernatura de Baja California en 1989 por el Partido Acción Nacional (PAN), ha sido señalado desde el año pasado por su posible participación como accionista mayoritario de la empresa Ingemar. Esta firma se dedica a la logística de importación y trámites aduanales en la frontera, actividad que el exmandatario ha defendido públicamente, asegurando que opera dentro del marco legal y que él mantiene “la conciencia tranquila”.
En julio de 2025, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Ingemar formaba parte de las carpetas de investigación abiertas por las autoridades federales en relación con el contrabando de combustible. Ruffo Appel rechazó en ese momento cualquier implicación en actividades ilícitas y manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones.
Este caso se suma a la reciente controversia en Baja California, donde se han filtrado presuntos acuerdos entre la gobernadora Mariana del Pilar Ávila y el FBI para convertirse en informante, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre política en la región.
La detención de un personaje histórico como Ruffo Appel, cuya gestión marcó el inicio de la alternancia política en México, refleja la complejidad y el alcance de las investigaciones federales contra el contrabando de combustible, un problema que ha afectado la economía y la seguridad nacional.
En un país donde la propiedad privada y la iniciativa empresarial son pilares fundamentales, la lucha contra el huachicol fiscal debe ser rigurosa pero también respetuosa del debido proceso y la presunción de inocencia. La transparencia y el orden jurídico son indispensables para garantizar que la justicia no se convierta en un instrumento de persecución política.
