el_faro_user La tragedia causada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio continúa dejando un saldo devastador. Este lunes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos ascendió a 4,561, mientras que el número de heridos se mantiene en 16,740. Además, 17,907 personas permanecen sin hogar, aunque el Gobierno no ha proporcionado datos sobre desaparecidos.
Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, afectaron principalmente la zona costera del país, con especial impacto en el municipio Chacao, al este de Caracas, considerado la zona cero del desastre en la capital. Allí, al menos 68 personas perdieron la vida y tres edificios colapsaron, mientras decenas más quedaron inhabitables.
El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, detalló que tras la inspección de expertos, 46 edificios fueron clasificados como inhabitables y marcados con pegatinas rojas, mientras que otros 157 presentan un riesgo moderado, señalados con pegatinas amarillas. La mayoría de estas construcciones con riesgo moderado son antiguas, anteriores al terremoto de 1967, que dejó casi 300 muertos en Caracas. Las edificaciones posteriores a ese evento cumplen con normativas antisísmicas, lo que subraya la importancia de la regulación y el orden en la construcción para mitigar daños futuros.
En el operativo de rescate y atención continúan desplegados 2,471 rescatistas internacionales y 30,692 voluntarios, en un esfuerzo conjunto que refleja la necesidad de coordinación y apoyo civil en situaciones de emergencia.
Este desastre pone en evidencia la vulnerabilidad de ciertas zonas urbanas ante fenómenos naturales, pero también la relevancia de contar con infraestructura adecuada y planes de contingencia efectivos. En este contexto, la inversión en sistemas de transporte y movilidad urbana, como el cablebús que se proyecta en Puebla, cobra sentido al ofrecer alternativas seguras y eficientes que pueden contribuir a la resiliencia de las ciudades frente a futuras contingencias.
La tragedia venezolana es un recordatorio de que el desarrollo ordenado, la propiedad privada protegida y la aplicación rigurosa de normas técnicas son pilares indispensables para la seguridad y el bienestar de la población.
