el_faro_user El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución que representa un revés para el cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, al admitir que la demanda presentada por su expareja, Carliz de la Cruz Hernández, tiene fundamentos suficientes para continuar su trámite judicial.
El caso gira en torno a la frase “Bad Bunny, baby”, grabada en 2015 por De la Cruz Hernández a petición del artista, con la intención de fortalecer su identidad artística. Según la demanda, esta grabación fue utilizada sin autorización en canciones como “Pa’ ti” (2017), junto a Bryant Myers, y “Dos mil 16” (2022), además de servir como introducción en varios conciertos.
El Tribunal Supremo determinó que existen hechos plausibles sobre la posible existencia de una obra original y creativa, por lo que el proceso regresará al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para analizar el fondo de la controversia. Aunque esta resolución no representa una victoria definitiva para la demandante, evita que el caso sea desestimado y permite que continúe su curso legal.
De la Cruz Hernández interpuso la demanda en marzo de 2023 contra Bad Bunny y su sello discográfico, Rimas Entertainment, reclamando una indemnización de al menos 40 millones de dólares por presuntas violaciones a sus derechos de imagen, derechos morales de autor y daños y perjuicios.
El expediente judicial revela que un día antes del lanzamiento del álbum *Un verano sin ti*, representantes del cantante ofrecieron 2 mil dólares para obtener los derechos de uso de la frase, oferta que fue rechazada, por lo que el disco fue publicado con la grabación incluida.
Este caso pone en relieve la complejidad de los derechos de autor en la industria musical contemporánea, donde la propiedad intelectual y la protección de la imagen personal se vuelven temas centrales. La resolución del Tribunal Supremo confirma la importancia de respetar estos derechos, sin menoscabar la libertad creativa ni la actividad empresarial que caracteriza al sector musical.
El proceso continuará en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde se determinará si hubo un uso indebido de la grabación y si procede el pago de la indemnización reclamada.
