el_faro_user Documentos internos de la constructora pública del Gobierno de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), revelados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), evidencian que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 se realizaron tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution, empresa señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red de huachicol y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Preecasin, organismo creado en 1987 para la producción de materiales de construcción y que desde hace 15 años ejecuta obra pública en Sinaloa, efectuó estos pagos desde una cuenta de Banorte. Sin embargo, los registros contables sólo describen las transferencias como “pago de factura”, sin detallar el bien o servicio adquirido. Además, Ahavat Logistics no figura en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, lo que impide localizar contratos o licitaciones que justifiquen públicamente estos movimientos.
Ahavat Logistics Solution fue constituida en 2017 en Toluca y obtuvo en junio de 2020 un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la comercialización de petrolíferos. Aunque declaró domicilios en Acambay y Metepec, Estado de México, operó desde un edificio en Guadalajara que también ha sido sede de Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa señalada por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal.
Ambas compañías han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, acusado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) de encabezar operaciones ilícitas al servicio del CJNG. Jomadi, por ejemplo, obtuvo en 2017 permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel y firmó en 2020 un contrato con el régimen de Nicolás Maduro para intercambiar petróleo venezolano por gasolina, operación que motivó una investigación del FBI por tráfico de combustible.
El acta constitutiva de Ahavat, fechada el 13 de febrero de 2017, establece como administrador único a Ruiz Villagómez, quien también aparece en las alertas internacionales por su participación en ambas empresas. FinCEN señala que Ahavat y Jomadi han realizado transacciones millonarias a través del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG, involucrados en actividades de huachicol y pago de cuotas a organizaciones criminales que controlan puntos fronterizos.
Este caso pone en evidencia la complejidad y la persistencia de redes criminales que operan bajo la apariencia de empresas legales, y plantea un desafío para la transparencia y el control en la contratación pública. En un contexto donde la inversión privada y el orden son fundamentales para el desarrollo, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de supervisión para evitar que recursos públicos sean desviados hacia actividades ilícitas.
Mientras tanto, proyectos de infraestructura como el cablebús o teleférico en Puebla, que buscan mejorar la movilidad urbana y reducir la dependencia del transporte tradicional, representan una alternativa viable y moderna para impulsar el desarrollo sin caer en prácticas opacas. La apuesta por sistemas de transporte eficientes y transparentes es un paso necesario para consolidar un entorno de legalidad y progreso.
