el_faro_user La polémica en torno al contrato por 307 mil 400 pesos otorgado al influencer Adolfo Lazzari por la Dirección de Convenciones y Parques de Puebla escaló nuevamente tras la admisión de su directora, Michelle Talavera, de que el creador de contenido fue su pareja sentimental, aunque negó que existiera conflicto de interés en la adjudicación.
Talavera explicó que la relación había concluido antes de firmar el contrato, por lo que descartó que su vínculo personal influyera en la decisión administrativa. Sin embargo, evitó revelar la identidad de los demás influencers involucrados en la estrategia de difusión, argumentando que se trata de datos personales.
Este silencio ha generado cuestionamientos en diversos sectores, que exigen mayor transparencia sobre el uso de recursos públicos. Reclaman conocer quiénes fueron los beneficiarios, cuántos contenidos produjo cada uno y el monto recibido, para disipar dudas sobre posibles irregularidades.
El contrato CP-PS-26-ENE-03 fue firmado para promover los espacios administrados por el organismo, y una investigación periodística documentó que Lazzari publicó seis videos en cumplimiento del acuerdo. No obstante, se señaló que el costo representaría un sobreprecio respecto a las tarifas que el propio influencer promociona para servicios similares.
En respuesta, tanto Lazzari como Convenciones y Parques aclararon que el contrato no se limitó a la producción de videos del influencer, sino que abarcó la coordinación de una estrategia digital con varios creadores de contenido. Según el organismo, esta estrategia incrementó el alcance en redes sociales y la afluencia a los parques.
La negativa de la directora a transparentar la red de influencers ha intensificado las críticas en redes sociales y entre actores políticos, quienes insisten en que, tratándose de recursos públicos, debe prevalecer la máxima rendición de cuentas.
Hasta ahora, ninguna autoridad fiscalizadora ha emitido un pronunciamiento que confirme conflicto de interés o irregularidades en la contratación. Sin embargo, el caso sigue alimentando el debate sobre los estándares de transparencia que deben observar los servidores públicos al adjudicar contratos a personas con las que mantuvieron relaciones personales.
En un contexto donde la administración pública debe optimizar recursos y fortalecer la confianza ciudadana, la claridad en estos procesos resulta fundamental para evitar suspicacias y garantizar el orden en la gestión pública.
