el_faro_user La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHE) abrió una investigación tras la difusión de un video que exhibe presuntas prácticas de tortura cometidas por policías municipales de Coquimatlán contra un detenido.
El material audiovisual, publicado por la página “Alerta Coquimatlán”, muestra a una persona con las manos atadas a la espalda mientras dos elementos policiales realizan actos que han sido calificados como tortura. La CDHE confirmó la autenticidad del video y levantó la queja CDHE/1V/139/2026, la cual fue notificada formalmente al Ayuntamiento de Coquimatlán.
El municipio tiene un plazo de 24 horas, es decir, hasta este viernes 26 de junio de 2026, para presentar un informe detallado sobre los hechos. En un comunicado, la Comisión enfatizó que “la tortura es una práctica repugnante que debe combatirse con firmeza, sancionarse a los responsables y erradicarse de la función pública. No hay espacio para la tortura en un estado que se precie de ser democrático”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Coquimatlán emitió un posicionamiento público en sus redes sociales, donde aseguró que los policías involucrados serán investigados y enfrentarán las consecuencias jurídicas y administrativas correspondientes. “En esta administración no seremos omisos ante ninguna conducta que pudiera contravenir la ley, los reglamentos o los principios que deben regir el servicio público”, afirmó el comunicado.
El gobierno municipal reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto al marco legal, asegurando que “actuaremos con firmeza, respetando en todo momento el debido proceso y garantizando que cualquier conducta indebida sea investigada y atendida conforme a derecho”. Además, refrendó su compromiso con la protección y respeto de los derechos humanos, velando por la dignidad e integridad de todas las personas.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en las corporaciones policiales, para garantizar que la seguridad pública se ejerza siempre dentro del marco legal y con respeto irrestricto a los derechos fundamentales. En un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones es clave para el orden social, la transparencia y la rendición de cuentas resultan indispensables.
