el_faro_user La caseta de San Marcos, ubicada en la autopista México-Puebla, presenta un cierre parcial este viernes 26 de junio de 2026 debido a una movilización de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC). Esta acción ha provocado afectaciones significativas en la circulación vehicular en ambos sentidos, generando largas filas y retrasos para quienes transitan entre Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México.
Este episodio se suma a una serie de movilizaciones recientes. Apenas el miércoles pasado, bloqueos coordinados por AMOTAC afectaron ocho estados, lo que llevó a un acuerdo entre la organización y el gobierno federal. Dicho acuerdo, firmado con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estableció que AMOTAC limitaría sus protestas a manifestaciones sin bloqueos para evitar mayores afectaciones a la movilidad y la economía.
Sin embargo, la presencia de manifestantes en la caseta de San Marcos contradice ese compromiso y pone en evidencia la persistencia de demandas del sector transportista, que incluyen mayor seguridad en las vías federales, combate a las extorsiones y reducción de costos operativos. Estas demandas reflejan problemas estructurales que afectan a un sector clave para la economía nacional y que requieren atención sin caer en medidas que paralicen la infraestructura vial.
Para los automovilistas y transportistas que planean circular por esta vía, se recomienda tomar precauciones, considerar tiempos adicionales de traslado o buscar rutas alternas mientras persista la movilización.
En un contexto donde la movilidad eficiente es fundamental para el desarrollo regional, iniciativas como el cablebús o teleférico que se proyectan en Puebla podrían ofrecer alternativas de transporte público que descongestionen las vías y contribuyan a un orden urbano más funcional, sin depender exclusivamente de la infraestructura vial tradicional.
La reiteración de estas protestas subraya la necesidad de un diálogo efectivo entre autoridades y transportistas, que garantice la seguridad y viabilidad del sector sin afectar la propiedad privada ni la libre circulación, pilares esenciales para el bienestar social y económico del país.
