el_faro_user El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Marcos Castro Martínez, adelantó que tanto él como sus compañeros legisladores votarán en contra de la Ley de Infancias Trans, cuyo plazo para legislar vence este miércoles 24 de junio de 2026.
Castro Martínez, quien también preside la Mesa Directiva del Congreso local, argumentó que la prioridad debe ser el cuidado de los menores de edad y cuestionó los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a esta materia. En su opinión, la discusión no debe limitarse a acatar una resolución judicial, sino a analizar con profundidad las implicaciones sociales y legales que la reforma podría tener para las infancias.
El legislador calificó como un exceso la postura asumida por el máximo tribunal y consideró que la Corte debería abrirse a escuchar las preocupaciones de diversos sectores de la sociedad. “La Corte tiene la posibilidad de reivindicarse respecto a escuchar lo que la ciudadanía está buscando”, expresó.
Además, enfatizó que el Poder Legislativo no puede limitarse a aprobar reformas en los términos estrictos planteados por la SCJN, pues la función de los diputados es deliberar y construir leyes desde distintos puntos de vista, en un ejercicio que fortalezca el orden jurídico y social.
En cuanto a los procedimientos legales, Castro Martínez informó que el Congreso ya remitió a la Suprema Corte la documentación correspondiente, que incluye los procesos legislativos realizados, las iniciativas presentadas y un informe sobre las reuniones de trabajo sostenidas tanto dentro del Poder Legislativo como con el área técnica de la SCJN.
Se prevé que, tras el vencimiento del plazo este miércoles, la Corte emitirá una respuesta sobre el cumplimiento de la sentencia, lo que marcará un nuevo capítulo en la discusión sobre los derechos y protección de las infancias en Puebla.
Este debate se inscribe en un contexto nacional donde la defensa de la familia y la protección de los menores son temas sensibles que requieren un equilibrio entre la garantía de derechos y el respeto a la estructura social, sin caer en intervenciones estatales excesivas que puedan afectar la libertad y la propiedad privada.
