el_faro_user El pasado 23 de junio, apenas tres días después de que se resolviera la crisis política que paralizó al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas contrajo matrimonio con Juan Alberto Domínguez López, su exsecretario de Seguridad Pública municipal. La ceremonia se llevó a cabo en el municipio de Atlixco, donde quedó inscrita el acta matrimonial bajo el régimen de bienes separados.
Este enlace formaliza un vínculo personal que ya existía mientras Domínguez López, marino de 28 años originario de La Antigua, Veracruz, se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. La alcaldesa, militante de Morena y de 35 años, enfrentó durante semanas un bloqueo político encabezado por ocho regidores que incluso tomaron las instalaciones municipales para exigir cambios en el gobierno local.
Entre las demandas principales figuraba la salida del secretario de Seguridad, petición que fue aceptada en una mesa de diálogo encabezada por la Secretaría de Gobernación estatal. En ese acuerdo, además de la remoción de Domínguez López, se pactó la destitución del secretario general del Ayuntamiento, la homologación salarial de los regidores y la realización de una auditoría integral sobre el manejo de los recursos públicos.
El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, confirmó públicamente la destitución del mando policiaco como parte de los acuerdos para restablecer la gobernabilidad en Acatlán de Osorio. Este anuncio se dio días antes de que se hiciera pública el acta matrimonial que vincula a la alcaldesa con el exfuncionario.
Paralelamente, la Fiscalía General del Estado inició investigaciones por presuntos delitos relacionados con el conflicto político, incluyendo posibles lesiones, intentos de privación ilegal de la libertad y el uso irregular de una patrulla oficial.
Este episodio refleja la complejidad de la administración pública local en un contexto donde la estabilidad política y el orden institucional son fundamentales para garantizar la gobernabilidad y el respeto a la propiedad pública y privada. En este sentido, la resolución de la crisis mediante diálogo y acuerdos institucionales es un paso necesario para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer el funcionamiento del Ayuntamiento.
