el_faro_user La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” ha solicitado la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Congreso local, ante lo que consideran un intento de criminalización del ejercicio periodístico en el municipio de Tenancingo.
El conflicto se originó a partir de citatorios emitidos por la policía municipal hacia cuatro comunicadores que participan en el espacio informativo “La Madeja Política de Tenancingo”: Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez. Estos periodistas fueron señalados en la carpeta de investigación 275/2026 por presuntos actos de violencia digital reiterada, hostigamiento, intimidación y daño a la reputación, derivados de publicaciones y comentarios en redes sociales relacionados con la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco.
Según el colectivo, las acusaciones incluyen supuestas expresiones de insulto, sarcasmo e ironía; sin embargo, los comunicadores sostienen que sus publicaciones forman parte del análisis crítico sobre la administración municipal, especialmente en temas como servicios públicos, obra pública, transparencia, sueldos y presuntos casos de nepotismo.
Este caso abre un debate fundamental sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor de los servidores públicos, así como sobre la ponderación del interés público frente a figuras políticas en funciones.
Los periodistas fueron citados ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG), con sede en Metepec, donde comparecieron tras ser notificados el pasado 2 de junio. En este proceso, se les advirtió sobre la posibilidad de una sanción económica derivada de un supuesto daño psicológico a la edil, quien habría solicitado una reparación del daño por 125 mil pesos para cada uno de los señalados.
Además, la agrupación denunció que la presidenta municipal pidió a la ciudadanía evitar comentarios en redes sociales sobre su administración o la difusión de contenidos de la prensa local, lo que representa una restricción a la libre discusión pública y al debate democrático.
La denuncia de la alcaldesa se basa en que las publicaciones periodísticas la revictimizan al retomar un presunto secuestro que habría sufrido, difundido previamente en medios de comunicación a partir de un video en el que ella misma relató los hechos.
Los comunicadores insisten en que su labor se fundamenta en investigación periodística y solicitudes de información pública, enmarcándose en el derecho a la libertad de expresión y al escrutinio del desempeño gubernamental.
Finalmente, el colectivo hizo un llamado a las autoridades estatales para garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico en la entidad y evitar cualquier forma de criminalización contra quienes ejercen labores de comunicación, en el contexto de las reformas en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el Estado de México.
Este episodio pone en evidencia la tensión entre el poder político local y la prensa independiente, un escenario que debe resolverse con respeto irrestricto a la libertad de expresión y sin caer en excesos que limiten el derecho a la crítica, pilares fundamentales para la consolidación del orden democrático y la transparencia en la gestión pública.
