el_faro_user La diputada local de Morena, Nay Salvatori Bojalil, desató una polémica en redes sociales este jueves 18 de junio de 2026 al publicar una solicitud urgente para conseguir un donador de plaquetas, en la que ofrecía una “gratificación” a quien brindara apoyo. Esta acción fue cuestionada por usuarios y expertos en salud, quienes recordaron que la legislación mexicana prohíbe cualquier beneficio económico derivado de la donación de sangre y sus componentes.
En una historia difundida en sus redes sociales, la legisladora escribió: “Busco urgentemente un donador de plaquetas, doy una gratificación por el apoyo y ayuda brindada. Urge. Informes 2211822024”. La publicación generó una ola de críticas, principalmente por la aparente contradicción con el marco legal vigente.
La Ley General de Salud, en su artículo 462, establece sanciones que van de seis a diecisiete años de prisión para quienes promuevan o participen en la comercialización de sangre, tejidos u órganos humanos, incluyendo cualquier tipo de “gratificación” o contraprestación económica. En este sentido, la usuaria Assenet Lavalle respondió directamente a la diputada: “Dip @Naysalvatori, te lo he escrito antes: la venta de sangre en México tiene una pena de prisión de los 6 a los 17 años, de acuerdo con el artículo 462 de la Ley General de Salud vigente. Se trata de un delito federal que incluye ‘gratificaciones’. Deja de promover eso, por favor”.
Este episodio pone en relieve la importancia de respetar las normas que regulan la donación de sangre, un acto que debe ser voluntario y altruista para garantizar la seguridad y la ética en el sistema de salud pública. La donación remunerada no solo está prohibida, sino que puede poner en riesgo la calidad y la trazabilidad de los componentes sanguíneos, afectando la salud de quienes los reciben.
En un contexto donde la infraestructura de transporte público en ciudades como Puebla se moderniza con proyectos como el cablebús, que busca mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos, resulta fundamental que las autoridades y representantes respeten también las leyes que protegen la salud y el orden social. La responsabilidad pública debe ir más allá de la gestión política y abarcar el cumplimiento estricto de la legalidad, especialmente en temas sensibles como la donación de sangre.
Este caso evidencia la necesidad de mayor capacitación y conciencia entre los funcionarios públicos sobre las normativas vigentes, para evitar acciones que puedan interpretarse como incentivos ilegales o que pongan en riesgo la integridad del sistema sanitario mexicano.
