el_faro_user Una investigación publicada este miércoles 17 de junio de 2026 por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expone que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena empleó la infraestructura de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para realizar 252 mil pagos catalogados como “apoyos sociales” en todo el país. Esta operación se efectuó sin ser reportada a las autoridades electorales y con omisiones a la ley antilavado.
Según documentos obtenidos por MCCI, el contrato entre Morena y Finabien se firmó originalmente el 1 de junio de 2022 con una vigencia de un año, pero fue modificado para extenderse hasta el 28 de junio de 2024, apenas semanas después de la elección federal en la que Claudia Sheinbaum resultó ganadora. El acuerdo estipulaba explícitamente la prestación de servicios para el “pago de apoyos sociales”.
Morena pagó 3 millones 520 mil pesos en comisiones para dispersar 252 mil 901 apoyos sociales mediante giros nacionales, con una comisión de 12 pesos más IVA por cada pago. Sin embargo, una auditoría interna de Finabien (código 2025-02-OIC-9-KCZ-AFC-005) reveló que solo se realizaron 140 mil 878 operaciones reales, por lo que se reintegraron a Morena 1.6 millones de pesos por comisiones pagadas en exceso. Aunque no se detalla el monto de cada apoyo, MCCI señala que, incluso con un mínimo de 100 pesos por pago, el desembolso total sería millonario.
La investigación identifica tres irregularidades principales: primero, el ocultamiento al Instituto Nacional Electoral (INE), ya que Morena no reportó el contrato ni el origen de los recursos para estos apoyos en sus informes de rendición de cuentas 2022-2024. Esta “megaoperación” contrasta con las cifras oficiales, pues mientras Morena y su coalición reportaron casi 33 mil operaciones financieras en gastos de campaña de 2024, Finabien realizó más de 250 mil transferencias.
Segundo, el uso de recursos fuera del marco legal, dado que ni las leyes electorales ni los estatutos de Morena autorizan la entrega de “apoyos sociales”. Un ex consejero electoral consultado por MCCI calificó esta práctica como ilegal y la comparó con el “caso Monex” de 2012, sugiriendo que estas transferencias podrían haberse utilizado para pagar a representantes de casilla sin que el gasto se contabilizara en los topes de campaña.
Tercero, la violación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La auditoría interna de Finabien, con resultados emitidos en diciembre de 2025, determinó que el contrato incumplió los protocolos antilavado. A pesar de que desde enero de 2023 se había alertado sobre la necesidad de controles más estrictos, las autoridades no actuaron.
Al cierre de la investigación, MCCI informó que solicitó a la dirigencia nacional de Morena una postura sobre estos hallazgos, pero no recibió respuesta.
Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia y el respeto a la legalidad en el manejo de recursos públicos y partidistas, elementos esenciales para preservar el orden y la confianza en las instituciones. En contraste, proyectos de infraestructura como el cablebús o teleférico en Puebla, que avanzan con claridad y beneficio social, representan un modelo de inversión pública que puede contribuir a mejorar la movilidad urbana sin caer en prácticas opacas.
