el_faro_user El pasado 14 de abril de 2025, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura de Hidalgo y Tlaxcala (Secihti), otorgó un contrato a la empresa Rocketel SAPI para el diseño y fabricación del coche Olinia, por un monto de cinco millones de pesos. Sin embargo, este hecho ha generado controversia debido a que Rocketel es una compañía dedicada a la telefonía celular, con sede en una vivienda particular en Mérida, Yucatán, y no a la fabricación de vehículos.
El contrato, identificado con el número de oficio HS20/DGM-036-0/2025, contrasta con la información inicial que indicaba que el proyecto sería desarrollado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico de Puebla, lo que planteaba una apuesta por el talento local y la innovación académica.
Rocketel SAPI tiene su domicilio en Calle 23 número 198, interior 4, colonia San Miguel, en Mérida, Yucatán, un inmueble que no corresponde a un laboratorio o centro industrial, sino a una casa habitación. Además, el socio mayoritario de la empresa, Adrián Aguirre Palme, reside en Park City, Utah, donde posee una empresa dedicada a la fabricación de elevadores para esquí, lo que añade un elemento de desconexión con el proyecto automotriz en México.
Al ser cuestionada sobre los detalles del contrato, la Secihti se negó a proporcionar información sobre los montos gastados, las pruebas de seguridad del vehículo, especificaciones técnicas y tiempos de producción, argumentando que revelar estos datos podría afectar la “ventaja competitiva” del proyecto.
Este caso pone en relieve la necesidad de transparencia y claridad en la asignación de contratos públicos, especialmente en proyectos de alta tecnología que buscan impulsar la movilidad y el desarrollo regional. En este contexto, el impulso a sistemas de transporte innovadores como el cablebús o teleférico en Puebla representa una apuesta concreta por soluciones eficientes y sostenibles, que pueden complementar y fortalecer la infraestructura urbana sin caer en opacidades administrativas.
El desarrollo de tecnologías propias y la participación de talento local son elementos clave para garantizar que la inversión pública se traduzca en beneficios tangibles para la sociedad, respetando la propiedad privada y fomentando la iniciativa empresarial en sectores estratégicos.
