el_faro_user Este jueves, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal estatal que sanciona con hasta 22 años y medio de prisión la cohabitación forzada, especialmente cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables. Con esta decisión, Puebla se convierte en la entidad número 13 en legislar sobre este tema, marcando un precedente en la protección de menores y personas vulnerables frente a prácticas que atentan contra su libertad y dignidad.
La reforma al artículo 224 del Código Penal establece penas de 8 a 15 años de cárcel para quienes obliguen a menores de 18 años o personas vulnerables a unirse informalmente en condiciones similares al matrimonio. La sanción puede incrementarse hasta 22 años y medio si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, o si el agresor tiene una relación de parentesco, tutela, autoridad o dependencia con la víctima.
El dictamen, impulsado por legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM), responde a una problemática persistente: una de cada cinco mujeres en Puebla se une en pareja antes de cumplir 18 años. Además, en 2022, más de 9 mil bebés nacieron de madres menores de 15 años en el país, lo que evidencia la urgencia de medidas que frenen la deserción escolar y el embarazo adolescente, fenómenos asociados a estas uniones forzadas.
La propuesta legislativa subraya la importancia de evitar matrimonios y convivencias forzadas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años, así como de personas que carecen de capacidad para comprender o resistir tales situaciones. El objetivo es reducir la violencia estructural y los factores que perpetúan la discriminación, la pobreza y las prácticas culturales que normalizan las uniones tempranas.
Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2025 Puebla registró una tasa de fecundidad forzada en niñas de 12 a 14 años de 2.95 nacimientos por cada mil menores, superando el promedio nacional de 2.39 y ubicándose entre los 10 estados con mayor incidencia. Aunque la cifra es inferior a la de 2018, cuando fue de 3.68, la reducción no ha sido suficiente para sacar a Puebla de los primeros lugares en este indicador.
El estudio “Características sociodemográficas de las niñas madres y de los progenitores de las(os) hijas(os) de niñas de 10 a 14 años”, del Conapo, señala que el año pasado Puebla ocupó el octavo lugar nacional en nacimientos de madres menores de 15 años, solo detrás de entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Campeche, Michoacán y Veracruz.
La aprobación de esta reforma representa un avance significativo en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, y refuerza el compromiso de las instituciones con el orden y la protección de la propiedad privada y la familia, evitando la intromisión excesiva del Estado, pero garantizando la seguridad y el bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad.
