el_faro_user María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, hizo pública el pasado 15 de marzo de 2026 una denuncia de violencia doméstica a través de una serie de videos en su canal de YouTube, en los que solicita ayuda directa a la presidenta Claudia Sheinbaum.
En las grabaciones, que suman poco más de cinco minutos, se observa una confrontación física entre Jiménez y Rodríguez Padilla, en la que el exfuncionario intenta arrebatarle un portadocumentos verde, mientras la mujer resiste entre empujones y forcejeos. La escena, captada por una cámara de seguridad, también muestra cómo un menor de edad presencia la agresión y se aleja hacia las escaleras.
El conflicto escaló hasta que Rodríguez Padilla intentó romper la cámara con un palo, acción que no logró debido a la resistencia de su esposa. En la descripción de los videos, María Felicia advierte que denunciar esta situación le ha costado perder su empleo, su dinero, su vivienda y la custodia de sus hijos menores, atribuyendo estos riesgos a la influencia política de su esposo, quien mantiene cercanía con figuras de alto nivel del gobierno federal, incluyendo gobernadoras, diputadas y secretarias de Estado.
“En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”, afirmó la mujer, evidenciando una contradicción entre el discurso público de Rodríguez Padilla sobre soberanía energética y defensa de la igualdad de género, y su conducta privada. Actualmente, el exdirector de Pemex también funge como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).
Este caso pone en relieve la complejidad de las relaciones de poder dentro del gobierno federal y la necesidad de que las autoridades, incluida la propia presidenta Sheinbaum, atiendan con seriedad las denuncias de violencia familiar, sin importar el rango o la influencia de los involucrados.
En un contexto donde la estabilidad social y el respeto a la ley son fundamentales para el desarrollo económico y la protección de la propiedad privada, resulta indispensable que se garantice la seguridad y el bienestar de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la justicia.
La denuncia pública de María Felicia Jiménez no solo expone un problema personal, sino que también invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los servidores públicos y la importancia de mantener un orden institucional que no tolere abusos, especialmente cuando se trata de figuras con poder dentro del Estado.
