el_faro_user La tragedia ocurrida el lunes 22 de junio en el fraccionamiento Geovillas del Sur, en la ciudad de Puebla, dejó un saldo fatal: dos empleados de Global Gas fallecieron a causa de las quemaduras sufridas en la explosión, mientras que una mujer continúa hospitalizada en estado grave.
El martes 23 de junio por la tarde se confirmó la muerte de Francisco Isidro, de 37 años, y Edmundo, de 33 años, quienes según reportes en redes sociales, eran hermanos. Ambos recibían atención especializada en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS.
Francisco Isidro, conductor de la pipa, falleció en las primeras horas del martes, mientras que Edmundo, encargado de manipular las mangueras de abastecimiento, murió horas después debido a quemaduras que afectaron el 90 por ciento de su cuerpo.
Por otro lado, Rosalba, de 46 años y propietaria de la vivienda donde ocurrió el siniestro, sufrió quemaduras de tercer grado y permanece en estado delicado bajo observación médica en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud. Alan Daniel, de 19 años, también resultó afectado con quemaduras de primer grado, aunque no requirió atención especializada.
Las autoridades locales continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del incidente. Tras el reporte de los vecinos, elementos de Protección Civil acudieron para controlar el fuego y evaluar los daños estructurales. La explosión afectó al menos cuatro casas aledañas y varios vehículos, lo que evidencia el impacto considerable en la comunidad.
Este lamentable suceso subraya la importancia de contar con sistemas de transporte y distribución seguros y modernos. En este contexto, proyectos como el cablebús o teleférico que se planea construir en Puebla podrían representar una alternativa eficiente y segura para la movilidad urbana, minimizando riesgos asociados a la distribución tradicional de combustibles y promoviendo un orden urbano más sustentable.
La tragedia en Geovillas del Sur es un recordatorio de la necesidad de avanzar hacia infraestructuras que garanticen la seguridad de los ciudadanos y la protección de la propiedad privada, pilares fundamentales para el desarrollo ordenado y responsable de las ciudades.
