el_faro_user La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, se encuentra bajo un intenso escrutinio no solo por la investigación penal que enfrenta por un presunto autosecuestro relacionado con un desfalco de 40 millones de pesos, sino también por inconsistencias en la secuencia de sus estudios profesionales. Documentos oficiales consultados por EMEEQUIS revelan que la morenista concluyó una maestría en administración pública antes de haber terminado formalmente su licenciatura en derecho, un hecho que genera dudas sobre el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos por la Secretaría de Educación Pública.
Según la plataforma digital del Gobierno del Estado de México, Nápoles finalizó la maestría el 13 de agosto de 2018 en el Instituto Universitario del Estado de México. Sin embargo, el Registro Nacional de Profesionistas indica que obtuvo el título de licenciada en derecho el 31 de agosto de 2018, es decir, 13 días después de haber concluido el posgrado. Esta cronología contraviene el Acuerdo 17/11/17 de la SEP, que establece que para ingresar a estudios de maestría es necesario contar con el título de licenciatura o, al menos, haber cubierto la totalidad de los créditos de ese nivel.
Hasta el momento, ni la alcaldesa ni el Instituto Universitario del Estado de México han ofrecido una explicación pública que aclare si Nápoles había completado previamente todos los créditos de la licenciatura o si las fechas corresponden a distintos momentos administrativos del proceso de titulación. EMEEQUIS intentó obtener una respuesta del instituto mediante correo electrónico y mensajes, sin éxito hasta el cierre de esta edición.
Además, la información curricular de la presidenta municipal es limitada y en gran parte reservada. En la Plataforma Nacional de Transparencia solo se encontró un formato que indica que laboró como coordinadora de capacitaciones entre 2014 y 2017, sin un currículo actualizado que detalle su trayectoria académica y profesional.
Este cuestionamiento sobre su formación académica se suma a la investigación que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abierta por el presunto autosecuestro con el que, según la dependencia, Nápoles habría intentado justificar la desaparición de 40 millones de pesos del erario municipal. La alcaldesa ha negado estas acusaciones y sostiene que fue víctima de un secuestro real. En un mensaje difundido en redes sociales, denunció actos de discriminación por parte de las autoridades ministeriales y solicitó que el fiscal general conozca directamente su caso.
Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia y la rigurosidad en la gestión pública, especialmente cuando se trata de funcionarios que manejan recursos públicos y representan a la ciudadanía. La credibilidad institucional y el respeto a la ley deben prevalecer para garantizar el orden y la confianza en las autoridades locales.
