el_faro_user El Gobierno del Estado de Puebla reveló este lunes 15 de junio de 2026 que 152 policías municipales de San Andrés Cholula operan sin contar con la acreditación requerida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta situación fue confirmada por el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, quien urgió al Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa panista Guadalupe Cuautle Torres, a regularizar la situación a la brevedad.
Aguilar Pala enfatizó que la certificación, evaluación y acreditación son procesos indispensables para garantizar que los elementos policiales cuenten con la capacitación adecuada y los controles de confianza necesarios para desempeñar sus funciones con profesionalismo y respeto a los derechos humanos. “Es un tema que debe solventarse”, afirmó el funcionario durante la conferencia de prensa.
Esta revelación se da en un contexto delicado, marcado por la polémica generada tras la detención de Ariana N, una madre de familia sometida por policías municipales el pasado 11 de junio en las inmediaciones del Parque Intermunicipal de Cholula. Las imágenes del procedimiento, que se viralizaron en redes sociales, muestran a la mujer siendo contenida por varios agentes mientras sus dos hijos menores lloran y tratan de acercarse a ella, lo que provocó una fuerte reacción ciudadana.
El secretario de Gobernación estatal hizo un llamado enérgico al gobierno municipal para que se respeten los protocolos de actuación policial y de detención, subrayando que durante el incidente se vulneró la integridad de la mujer y sus hijos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió una queja de oficio con carácter urgente contra cinco policías municipales y calificó preliminarmente la detención como arbitraria.
Ante esta situación, el Gobierno estatal exhortó al Ayuntamiento de San Andrés Cholula a reforzar la capacitación de sus elementos y a garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos para el uso de la fuerza, especialmente en casos donde haya menores involucrados.
La revisión a la corporación policial y las investigaciones en curso colocan a la administración municipal bajo una presión considerable, mientras se espera una respuesta oficial sobre las irregularidades detectadas y los señalamientos en materia de derechos humanos. Hasta el momento, el gobierno local no ha emitido una postura detallada sobre estos hechos.
Este caso pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de control y profesionalización en las policías municipales, un aspecto fundamental para preservar el orden y la seguridad ciudadana sin caer en excesos que vulneren derechos fundamentales. En este sentido, la modernización y certificación de los cuerpos policiales deben ser prioridad para cualquier administración comprometida con la legalidad y el respeto a la propiedad privada.
