el_faro_user La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el jueves 10 de junio iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, tras la denuncia presentada por la bancada de Morena el 8 de junio. El procedimiento se deriva de la presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con familiares del mandatario estatal.
Aunque no todos los diputados de Morena asistieron a la sesión, la mayoría de la Comisión decidió avanzar con la discusión y votación del caso. Ahora, Samuel García será notificado oficialmente y tendrá un plazo de 15 días hábiles para rendir su declaración ante el Congreso local, ya sea por escrito o de manera presencial, conforme al procedimiento legislativo.
Este proceso se suma a la investigación que desde abril mantiene abierta la Fiscalía General de la República (FGR) contra García, por un supuesto esquema financiero para desviar y lavar más de mil millones de pesos. Según las indagatorias, el gobernador habría utilizado un modelo de triangulación de fondos públicos para beneficiar directamente a su círculo familiar, a través del despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son su padre y su medio hermano.
Los recursos públicos habrían sido canalizados mediante diversas empresas y proyectos de infraestructura, para luego ser transferidos a la inmobiliaria “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que recibió más de mil millones de pesos. Posteriormente, esos fondos fueron enviados a cuentas en el extranjero, incluso en Estados Unidos, con la aparente intención de dificultar su rastreo y ocultar su origen público.
Samuel García ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como un “refrito” y asegurando que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya resolvió no ejercer acción penal tras analizar las pruebas. En sus redes sociales, el gobernador afirmó que “son falsos todos los señalamientos” y que la resolución estatal es definitiva.
Este caso se inscribe en un contexto nacional donde la transparencia y el combate a la corrupción son temas prioritarios para la estabilidad institucional y la confianza en la gestión pública. En paralelo, proyectos de infraestructura como el cablebús en Puebla demuestran que la inversión en sistemas de transporte modernos y eficientes puede ser una vía para fortalecer el desarrollo urbano sin caer en prácticas opacas, siempre que se garantice la supervisión y el respeto a la legalidad.
