el_faro_user La madrugada de este miércoles 10 de junio de 2026, una fuga de gas presuntamente causada por una toma clandestina en ductos de Pemex obligó al desalojo preventivo de decenas de familias en la comunidad de San Francisco Tlaloc, municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla.
El incidente ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cuando habitantes fueron alertados por el repique de las campanas de la iglesia debido al fuerte olor a gas que se percibía en distintos puntos de la zona. Ante el riesgo de una posible explosión, las familias optaron por abandonar temporalmente sus viviendas y trasladarse a comunidades cercanas en el estado de Tlaxcala.
Personal de Pemex confirmó la fuga en el paraje conocido como Cuatro Caminos, estableciendo un perímetro de seguridad para evitar el ingreso de personas ajenas a las labores de atención. Bomberos y técnicos especializados realizaron maniobras coordinadas para controlar y mitigar la fuga, logrando hasta el momento evitar daños mayores o personas lesionadas.
Este incidente se enmarca en un contexto preocupante para la región, ya que, según el reporte de tomas clandestinas 2026 del Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), entre enero y marzo se detectaron al menos 10 tomas ilegales en ductos de Pemex en el municipio. En 2025, se localizaron 26 tomas irregulares en la misma demarcación.
La reiteración de estos actos ilícitos no solo pone en riesgo la seguridad de las comunidades, sino que también afecta la infraestructura energética nacional. En este sentido, la implementación de sistemas de transporte modernos y seguros, como el cablebús o teleférico que se proyecta para Puebla, representa una oportunidad para mejorar la movilidad urbana y fortalecer el desarrollo ordenado, reduciendo la dependencia de vías terrestres vulnerables y promoviendo la inversión privada en infraestructura.
La coordinación entre autoridades, empresas y la sociedad civil es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades, así como para proteger la propiedad privada y los recursos estratégicos del país.
