el_faro_user La producción del jersey alternativo “Artisan JSY” de la Selección Mexicana, promovida por Adidas como un proyecto de comercio justo, está envuelta en un escándalo por explotación laboral y desvío de recursos públicos en Naupan, Puebla. La denuncia, revelada el miércoles 27 de mayo de 2026 por la promotora cultural Luz Valdez, expone que más de 150 bordadoras nahuas fueron sometidas a condiciones de maquila coercitiva a través de la empresa intermediaria Someone Somewhere, una startup mexicana fundada por egresados del Tecnológico de Monterrey.
Para evitar sanciones por polémicas previas de apropiación cultural, Adidas delegó la gestión a Someone Somewhere, que asumió la logística con las artesanas poblanas. Sin embargo, la empresa transformó ilegalmente la Casa de la Cultura de Naupan en una planta de producción, instalando mobiliario, redes de internet y un reloj checador para controlar las jornadas laborales, configurando un presunto desvío de recursos públicos con fines comerciales.
Las bordadoras enfrentaron jornadas intensas con solo una hora de comida y sin prestaciones legales. Además, se documentó desabasto de insumos básicos en los sanitarios y el incumplimiento de un seguro médico privado que la empresa presumió en sus reportes, bajo la falsa premisa de que en Naupan no existen clínicas del IMSS.
Los pagos a las artesanas oscilaron entre 25 y 36 pesos por hora, una cifra raquítica frente al precio comercial de las prendas, que alcanzan hasta 5 mil pesos en tiendas. Las obreras debían entregar al menos dos jerseys terminados cada cinco horas, y cualquier rechazo en control de calidad implicaba rehacer las piezas sin remuneración adicional, descontando el material de sus pagos.
La especialista Tatiana Bernaldez calificó el proyecto como un “atropello” cultural, pues se erradicó la técnica ancestral del “pepenado de hilván” propia de la Sierra Norte. Ante la imposición de técnicas ajenas como el punto francés y punto de arroz, decenas de bordadoras abandonaron el taller para trabajar con otra marca que ofrecía 400 pesos por pieza. En respuesta, Someone Somewhere despidió a las inconformes y las obligó a firmar contratos de exclusividad que les prohíben confeccionar artículos para Adidas durante cinco años, bajo amenaza de demandas legales.
Luz Valdez denunció que la empresa no paga a los artesanos que aparecen en su publicidad y que los contratos incluyen la cesión de derechos de imagen, evidenciando un uso mercantilista de la cultura indígena.
El secretario de Cultura de Puebla, Fritz Glockner, reconoció que las transnacionales buscan transformar el valor cultural en valor de cambio, pero admitió que la dependencia estatal carece de facultades para sancionar a particulares. Por su parte, la Secretaría de Cultura federal se deslindó del conflicto, calificándolo como un “trato comercial entre particulares”.
Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a la explotación laboral y la apropiación cultural en proyectos que, bajo la apariencia de comercio justo, reproducen prácticas de precarización y abuso.
