El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelaci\u00f3n, con sede en el Estado de M\u00e9xico, orden\u00f3 la liberaci\u00f3n inmediata de Jorge Antonio S\u00e1nchez Ortega, se\u00f1alado como el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio ocurrido en marzo de 1994. La decisi\u00f3n se fundamenta en que la acci\u00f3n penal contra S\u00e1nchez Ortega qued\u00f3 extinguida desde 2015, debido a que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) retom\u00f3 las indagatorias hasta 2021 y ejerci\u00f3 acci\u00f3n penal hasta 2023, lo que excede los plazos legales para mantener vigente el proceso. <\/p>\n
En la resoluci\u00f3n, firmada por los magistrados Sara Olimpia Reyes Garc\u00eda, Karla Guadalupe Pinedo Maga\u00f1a y Josu\u00e9 Osvaldo Gardu\u00f1o S\u00e1nchez, se declara prescrita la acci\u00f3n penal por el delito de homicidio simple intencional. Asimismo, se revoc\u00f3 el auto de formal prisi\u00f3n dictado el 15 de noviembre de 2025 por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de M\u00e9xico, ordenando la inmediata libertad de S\u00e1nchez Ortega. <\/p>\n
El tribunal subray\u00f3 que la prescripci\u00f3n oper\u00f3 \u201ca m\u00e1s tardar, el 23 de marzo de 2015\u201d, fecha anterior a la reapertura del caso en 2021, a la recomendaci\u00f3n emitida ese mismo a\u00f1o y a las consignaciones realizadas en 2023 y 2025. Este punto es crucial, pues establece que la FGR no respet\u00f3 los tiempos legales para ejercer la acci\u00f3n penal, lo que vulnera el principio de seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el tribunal cuestion\u00f3 la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda para acreditar la participaci\u00f3n de S\u00e1nchez Ortega en el homicidio. Se\u00f1al\u00f3 que no se demostr\u00f3 \u201cla forma en que su dolo comprendi\u00f3 el plan y el modo especial de ejecuci\u00f3n\u201d, ni la existencia de un acuerdo previo con Mario Aburto Mart\u00ednez, condenado por el asesinato de Colosio. <\/p>\n
El an\u00e1lisis de las videograbaciones y dict\u00e1menes periciales indic\u00f3 que, aunque hubo dos disparos desde distintos flancos durante el evento multitudinario en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, no se pudo probar que S\u00e1nchez Ortega tuviera conocimiento o coordinaci\u00f3n previa con el otro tirador. La sentencia enfatiza que la mera coincidencia espacial y temporal de los disparos no es suficiente para establecer una estrategia conjunta. <\/p>\n
En el documento de 44 p\u00e1ginas, se destaca que S\u00e1nchez Ortega, quien en 1994 era agente del entonces Centro de Investigaci\u00f3n y Seguridad Nacional (Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia), no conoc\u00eda la ubicaci\u00f3n del otro probable tirador ni el momento exacto de los disparos, ni particip\u00f3 en la selecci\u00f3n del lugar o instante del ataque. Tambi\u00e9n se descart\u00f3 que tuviera conocimiento sobre los desplazamientos o el dispositivo de seguridad de Colosio para aprovechar esas condiciones. <\/p>\n
Este fallo representa un rev\u00e9s para la Fiscal\u00eda en uno de los casos m\u00e1s emblem\u00e1ticos de la historia pol\u00edtica reciente de M\u00e9xico, marcado por la complejidad y las m\u00faltiples teor\u00edas en torno al asesinato del entonces candidato presidencial. La resoluci\u00f3n pone en evidencia la importancia de respetar los plazos procesales y la necesidad de pruebas contundentes para sostener acusaciones en casos de alto impacto social y pol\u00edtico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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