La agrupaci\u00f3n \u201c100 Periodistas por el Estado de M\u00e9xico\u201d ha solicitado la intervenci\u00f3n de la gobernadora Delfina G\u00f3mez \u00c1lvarez, del titular de la Fiscal\u00eda General de Justicia del Estado de M\u00e9xico y del Congreso local, ante lo que consideran un intento de criminalizaci\u00f3n del ejercicio period\u00edstico en el municipio de Tenancingo. <\/p>\n
El conflicto se origin\u00f3 a partir de citatorios emitidos por la polic\u00eda municipal hacia cuatro comunicadores que participan en el espacio informativo \u201cLa Madeja Pol\u00edtica de Tenancingo\u201d: \u00c1ngel \u00c1vila Calvo, Alejandro L\u00f3pez V\u00e1zquez, Ram\u00f3n Casta\u00f1eda Mondrag\u00f3n y Arturo Escobar S\u00e1nchez. Estos periodistas fueron se\u00f1alados en la carpeta de investigaci\u00f3n 275\/2026 por presuntos actos de violencia digital reiterada, hostigamiento, intimidaci\u00f3n y da\u00f1o a la reputaci\u00f3n, derivados de publicaciones y comentarios en redes sociales relacionados con la alcaldesa Nancy N\u00e1poles Pacheco. <\/p>\n
Seg\u00fan el colectivo, las acusaciones incluyen supuestas expresiones de insulto, sarcasmo e iron\u00eda; sin embargo, los comunicadores sostienen que sus publicaciones forman parte del an\u00e1lisis cr\u00edtico sobre la administraci\u00f3n municipal, especialmente en temas como servicios p\u00fablicos, obra p\u00fablica, transparencia, sueldos y presuntos casos de nepotismo. <\/p>\n
Este caso abre un debate fundamental sobre los l\u00edmites entre la libertad de expresi\u00f3n y el derecho al honor de los servidores p\u00fablicos, as\u00ed como sobre la ponderaci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico frente a figuras pol\u00edticas en funciones. <\/p>\n
Los periodistas fueron citados ante la Agencia del Ministerio P\u00fablico Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de G\u00e9nero (AMPEVFSG), con sede en Metepec, donde comparecieron tras ser notificados el pasado 2 de junio. En este proceso, se les advirti\u00f3 sobre la posibilidad de una sanci\u00f3n econ\u00f3mica derivada de un supuesto da\u00f1o psicol\u00f3gico a la edil, quien habr\u00eda solicitado una reparaci\u00f3n del da\u00f1o por 125 mil pesos para cada uno de los se\u00f1alados. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la agrupaci\u00f3n denunci\u00f3 que la presidenta municipal pidi\u00f3 a la ciudadan\u00eda evitar comentarios en redes sociales sobre su administraci\u00f3n o la difusi\u00f3n de contenidos de la prensa local, lo que representa una restricci\u00f3n a la libre discusi\u00f3n p\u00fablica y al debate democr\u00e1tico. <\/p>\n
La denuncia de la alcaldesa se basa en que las publicaciones period\u00edsticas la revictimizan al retomar un presunto secuestro que habr\u00eda sufrido, difundido previamente en medios de comunicaci\u00f3n a partir de un video en el que ella misma relat\u00f3 los hechos. <\/p>\n
Los comunicadores insisten en que su labor se fundamenta en investigaci\u00f3n period\u00edstica y solicitudes de informaci\u00f3n p\u00fablica, enmarc\u00e1ndose en el derecho a la libertad de expresi\u00f3n y al escrutinio del desempe\u00f1o gubernamental. <\/p>\n
Finalmente, el colectivo hizo un llamado a las autoridades estatales para garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio period\u00edstico en la entidad y evitar cualquier forma de criminalizaci\u00f3n contra quienes ejercen labores de comunicaci\u00f3n, en el contexto de las reformas en materia de protecci\u00f3n a periodistas y defensores de derechos humanos en el Estado de M\u00e9xico. <\/p>\n
Este episodio pone en evidencia la tensi\u00f3n entre el poder pol\u00edtico local y la prensa independiente, un escenario que debe resolverse con respeto irrestricto a la libertad de expresi\u00f3n y sin caer en excesos que limiten el derecho a la cr\u00edtica, pilares fundamentales para la consolidaci\u00f3n del orden democr\u00e1tico y la transparencia en la gesti\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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