Una investigaci\u00f3n publicada este mi\u00e9rcoles 17 de junio de 2026 por Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI) expone que el Comit\u00e9 Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena emple\u00f3 la infraestructura de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para realizar 252 mil pagos catalogados como “apoyos sociales” en todo el pa\u00eds. Esta operaci\u00f3n se efectu\u00f3 sin ser reportada a las autoridades electorales y con omisiones a la ley antilavado.<\/p>\n
Seg\u00fan documentos obtenidos por MCCI, el contrato entre Morena y Finabien se firm\u00f3 originalmente el 1 de junio de 2022 con una vigencia de un a\u00f1o, pero fue modificado para extenderse hasta el 28 de junio de 2024, apenas semanas despu\u00e9s de la elecci\u00f3n federal en la que Claudia Sheinbaum result\u00f3 ganadora. El acuerdo estipulaba expl\u00edcitamente la prestaci\u00f3n de servicios para el “pago de apoyos sociales”.<\/p>\n
Morena pag\u00f3 3 millones 520 mil pesos en comisiones para dispersar 252 mil 901 apoyos sociales mediante giros nacionales, con una comisi\u00f3n de 12 pesos m\u00e1s IVA por cada pago. Sin embargo, una auditor\u00eda interna de Finabien (c\u00f3digo 2025-02-OIC-9-KCZ-AFC-005) revel\u00f3 que solo se realizaron 140 mil 878 operaciones reales, por lo que se reintegraron a Morena 1.6 millones de pesos por comisiones pagadas en exceso. Aunque no se detalla el monto de cada apoyo, MCCI se\u00f1ala que, incluso con un m\u00ednimo de 100 pesos por pago, el desembolso total ser\u00eda millonario.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n identifica tres irregularidades principales: primero, el ocultamiento al Instituto Nacional Electoral (INE), ya que Morena no report\u00f3 el contrato ni el origen de los recursos para estos apoyos en sus informes de rendici\u00f3n de cuentas 2022-2024. Esta “megaoperaci\u00f3n” contrasta con las cifras oficiales, pues mientras Morena y su coalici\u00f3n reportaron casi 33 mil operaciones financieras en gastos de campa\u00f1a de 2024, Finabien realiz\u00f3 m\u00e1s de 250 mil transferencias.<\/p>\n
Segundo, el uso de recursos fuera del marco legal, dado que ni las leyes electorales ni los estatutos de Morena autorizan la entrega de “apoyos sociales”. Un ex consejero electoral consultado por MCCI calific\u00f3 esta pr\u00e1ctica como ilegal y la compar\u00f3 con el “caso Monex” de 2012, sugiriendo que estas transferencias podr\u00edan haberse utilizado para pagar a representantes de casilla sin que el gasto se contabilizara en los topes de campa\u00f1a.<\/p>\n
Tercero, la violaci\u00f3n a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita. La auditor\u00eda interna de Finabien, con resultados emitidos en diciembre de 2025, determin\u00f3 que el contrato incumpli\u00f3 los protocolos antilavado. A pesar de que desde enero de 2023 se hab\u00eda alertado sobre la necesidad de controles m\u00e1s estrictos, las autoridades no actuaron.<\/p>\n
Al cierre de la investigaci\u00f3n, MCCI inform\u00f3 que solicit\u00f3 a la dirigencia nacional de Morena una postura sobre estos hallazgos, pero no recibi\u00f3 respuesta.<\/p>\n
Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia y el respeto a la legalidad en el manejo de recursos p\u00fablicos y partidistas, elementos esenciales para preservar el orden y la confianza en las instituciones. En contraste, proyectos de infraestructura como el cableb\u00fas o telef\u00e9rico en Puebla, que avanzan con claridad y beneficio social, representan un modelo de inversi\u00f3n p\u00fablica que puede contribuir a mejorar la movilidad urbana sin caer en pr\u00e1cticas opacas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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