El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México desmintió categóricamente las versiones difundidas este jueves 9 de julio de 2026 por el periodista Carlos Loret de Mola, quien aseguró que se habría realizado un operativo para cambiar de ubicación y ocultar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Mediante una carta aclaratoria, las instituciones federales calificaron como “absolutamente falsas” las afirmaciones sobre un supuesto resguardo del exfuncionario en instalaciones militares del Ejército mexicano. Además, precisaron que ninguna dependencia del Gabinete ha ejecutado acciones para proteger o encubrir a personas sujetas a investigaciones nacionales o internacionales.
Este pronunciamiento se enmarca en la política de “cero impunidad” que el Gobierno federal sostiene aplica sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales, y cuyos resultados son públicos. En ese sentido, el Gabinete destacó que, durante la actual administración, se han detenido a más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, incluyendo a 87 servidores y exservidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, como parte de la llamada Operación Enjambre y otras labores de inteligencia.
Asimismo, el organismo informó que la estrategia de seguridad vigente ha permitido una reducción del 46 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, un dato relevante en el contexto de la lucha contra la violencia en el país.
La versión que motivó esta aclaración fue publicada en la columna de Loret de Mola este jueves, donde el comunicador reveló que el pasado lunes 6 de julio se habría llevado a cabo un movimiento de seguridad de alto nivel para trasladar de manera urgente a Rocha Moya a una ubicación desconocida. Según sus fuentes, esta acción habría sido motivada por la sospecha de una inminente operación de las autoridades estadounidenses para aprehender al gobernador con licencia.
Loret de Mola afirmó que la cúpula del poder federal recibió información crítica que obligó a actuar con rapidez para evitar la captura, y sugirió que esta medida forma parte de una estrategia deliberada desde Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, para blindar a Rocha Moya, aun a costa de un alto costo político y diplomático.
Aunque la versión del periodista no ha sido confirmada por las autoridades, el Gabinete de Seguridad reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad ciudadana, reducir la violencia y combatir la impunidad en todo el territorio nacional.
Este episodio pone en evidencia la complejidad del entorno político y de seguridad en México, donde la transparencia y el respeto al Estado de derecho deben prevalecer para fortalecer la confianza en las instituciones y evitar interpretaciones que puedan afectar la estabilidad democrática.

