el_faro_user La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó como reservada durante cinco años la información relativa a las comunicaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez. Ambos políticos están involucrados en investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses.
Esta decisión se dio a conocer tras una solicitud de transparencia presentada por El Sol de México, que buscaba acceder a detalles sobre las gestiones diplomáticas, intercambios institucionales y mecanismos de cooperación vinculados con ambos funcionarios. La Cancillería argumentó que la divulgación de esta información “podría menoscabar” los entendimientos bilaterales y la confianza necesaria para la interlocución diaria entre ambos gobiernos.
En su resolución, la SRE señaló que revelar estos documentos violaría la expectativa de confidencialidad que los funcionarios estadounidenses esperan del gobierno mexicano, lo que podría afectar la relación diplomática. Además, se clasificaron por tres años las minutas de la reunión celebrada el 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, miembros del Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin.
Este encuentro cobró relevancia luego de que trascendiera que el funcionario estadounidense habría planteado la posible entrega de Rocha Moya e Inzunza para enfrentar las investigaciones en Estados Unidos. La información fue solicitada el 26 de mayo mediante dos peticiones dirigidas a la SRE, que fueron turnadas a la Subsecretaría para América del Norte y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quienes determinaron la clasificación.
El Comité de Transparencia explicó que los documentos contienen posiciones institucionales, solicitudes de cooperación internacional, estrategias de coordinación, análisis de información y elementos relacionados con la interlocución diplomática. La difusión de este material, advirtió, podría afectar la imagen de México frente a otros países y comprometer futuros mecanismos de cooperación bilateral.
Cabe recordar que la solicitud de información se presentó tras cumplirse 70 días desde que el gobierno estadounidense, a través del Departamento de Estado, acusó formalmente a Rocha Moya, Inzunza y ocho funcionarios más del estado por presuntos nexos con el crimen organizado. Terrance Cole, administrador de la DEA, señaló que “los acusados utilizaron posiciones de confianza para proteger operaciones criminales y facilitar una tubería de drogas mortales hacia Estados Unidos”.
Este caso se inscribe en un contexto de creciente presión internacional sobre la seguridad y la gobernabilidad en regiones clave de México, donde la coordinación entre gobiernos es fundamental para enfrentar retos complejos. La reserva de información, aunque cuestionable para la transparencia, refleja la delicadeza de las relaciones diplomáticas y la necesidad de preservar canales de comunicación efectivos, sin los cuales la cooperación bilateral podría verse comprometida.
