el_faro_user Este lunes 6 de julio de 2026, un tribunal de la provincia de Jiangsu, en el este de China, dictó pena de muerte contra Yang Youlin, ex alto cargo del comité gestor de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nanjing, por aceptar sobornos que superan los 2 mil 214 millones de yuanes, equivalentes a 308.7 millones de dólares. Además, fue declarado culpable de otros delitos económicos como malversación, pago de sobornos, apropiación indebida de fondos públicos, abuso de poder y blanqueo de capitales.
El Tribunal Popular Intermedio de Changzhou, encargado del caso, calificó la cuantía de los sobornos como “especialmente enorme” y destacó el “impacto social especialmente negativo” que tuvo el caso, señalando que los delitos causaron pérdidas graves a los intereses del Estado y de la ciudadanía. La sentencia incluye la privación de derechos políticos de por vida y la confiscación total de los bienes personales de Yang, además de ordenar que los bienes ilícitos recuperados y sus rendimientos sean entregados al Tesoro estatal.
El fallo detalla que entre 1993 y 2023, Yang utilizó sus cargos en organismos de desarrollo económico, urbanismo, construcción y turismo de Nanjing para favorecer a empresas y particulares en adjudicaciones de obras, operaciones empresariales, cesión de terrenos y circulación de fondos, a cambio de sobornos millonarios.
Aunque el exfuncionario colaboró aportando información sobre delitos cometidos por otras personas, la corte consideró que esta cooperación no justificaba una reducción de la pena. En China, las condenas a muerte suelen ser suspendidas por dos años y conmutadas por cadena perpetua si el condenado no reincide, pero en este caso la gravedad llevó a imponer la pena capital sin suspensión, una medida reservada para delitos de extrema gravedad.
Desde 2012, bajo el liderazgo de Xi Jinping, China ha intensificado una campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles y responsables de empresas estatales, buscando restaurar el orden y la confianza en las instituciones públicas.
Este caso ejemplifica la severidad con la que el sistema judicial chino aborda la corrupción, un problema que, aunque distante geográficamente, resuena en la importancia de mantener la integridad y transparencia en la gestión pública, valores fundamentales para el desarrollo económico y social sostenible.
