el_faro_user En Guanajuato, la tragedia por el consumo de tequila adulterado suma ya seis víctimas mortales, un caso que ha conmocionado a la región y que pone en evidencia los riesgos de la informalidad en la producción y distribución de bebidas alcohólicas.
Los primeros reportes se registraron el 8 de junio en Salamanca, cuando múltiples personas presentaron intoxicación tras asistir a una fiesta de XV años celebrada dos días antes. Entre los afectados, se encontraba el padre de la quinceañera, quien falleció junto con otras tres personas: dos confirmadas por la Secretaría de Salud estatal y una más por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Una cuarta víctima murió en su domicilio.
Sin embargo, la cifra de fallecidos se incrementó este fin de semana con la muerte de un hombre de 52 años, identificado como José Luis, quien también consumió tequila adulterado, aunque no asistió a la fiesta. Se confirmó que adquirió la bebida días antes en Irapuato, lo que amplía el alcance del problema más allá del evento social inicial.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato abrió una investigación por intoxicación masiva, confirmando que el alcohol contenía una concentración excesiva de metanol, un compuesto altamente tóxico. La gobernadora Libia García informó que ya se ha identificado el origen del tequila adulterado, aunque reservó detalles para no entorpecer el proceso legal.
Por su parte, el fiscal Gerardo Vázquez confirmó la detención de varios responsables, aunque se mantuvo reservado respecto a la información específica sobre los avances de la carpeta de investigación. “Sí hay detenidos pero no voy a dar más información. La carpeta va bien, está firme, pero no les voy a anunciar cuánto hemos hecho”, declaró a medios locales.
Este caso subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de control y regulación en la producción y comercialización de bebidas alcohólicas, para proteger la salud pública y garantizar la seguridad de los consumidores. La tragedia en Guanajuato es un recordatorio de que la propiedad privada y la empresa deben operar bajo un marco de orden y legalidad, evitando que la informalidad y la ilegalidad pongan en riesgo vidas humanas.
