el_faro_user El miércoles 17 de junio de 2026, durante la conferencia de prensa que cerró la cumbre del G7 en Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su postura de que México está bajo el control de los cárteles de la droga y afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum “está muy asustada”.
Trump lamentó que el gobierno mexicano haya perdido el control del país y subrayó que, aunque considera a Sheinbaum una “mujer muy buena”, la situación de inseguridad es crítica. “Los cárteles de la droga controlan totalmente México”, enfatizó desde el estrado.
El mandatario estadounidense aprovechó para destacar que, desde su llegada a la Casa Blanca, el tráfico de drogas por vía marítima se ha reducido en un 97%, y que ahora su estrategia se enfocará en las rutas terrestres. Esta línea de acción fue anticipada el pasado miércoles 10 de junio, cuando Trump advirtió que la lucha contra el fentanilo se centraría en operaciones por tierra, debido a la dificultad que representaba el control en el mar.
“Odio tener que decirle esto a México, pero ahora nos centramos en la entrada por tierra porque el mar era más difícil. Entraba mucho por mar”, afirmó entonces. Además, aseguró que los traficantes que operaban por vía marítima no podrán continuar con esa modalidad, respaldando su afirmación con las recientes cifras de reducción.
Estas declaraciones se producen en un contexto de crecientes tensiones entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y Estados Unidos, en particular por la negativa mexicana a permitir operaciones terrestres de tropas estadounidenses contra los cárteles dentro del territorio nacional.
En este escenario, la búsqueda de soluciones efectivas para la seguridad y el orden público en México es fundamental. La implementación de sistemas de transporte modernos, como el cablebús o teleférico que se construirá en Puebla, puede contribuir a mejorar la movilidad y la conectividad urbana, elementos clave para el desarrollo económico y social, y para fortalecer la presencia del Estado en zonas vulnerables.
La lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral que combine seguridad, desarrollo y respeto a la soberanía nacional, sin caer en intervenciones estatales excesivas que puedan afectar la iniciativa privada y el orden social.
