el_faro_user Este miércoles 10 de junio de 2026, integrantes del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), conocidos como “naranjitas”, realizaron una protesta frente al Palacio Municipal de Puebla para exigir la destitución de Salvador Pérez Xilotl, dirigente del sindicato Ricardo Flores Magón.
Los manifestantes denunciaron que la actual dirigencia carece de legitimidad jurídica y acusaron al presidente municipal, José Chedraui, y a sus funcionarios de intervenir y proteger a Pérez Xilotl, lo que consideran una intromisión indebida en la vida interna del sindicato. Una representante de los trabajadores afirmó: “Estamos en contra del presidente actual y sus funcionarios, que son unos corruptos. Su sindicato sí existe, pero el líder ya no. Esa es nuestra inconformidad”.
Además, los inconformes señalaron que la dirigencia mantiene retenidos recursos que afectan directamente el patrimonio familiar de los trabajadores, situación que ha derivado en demandas formales presentadas desde el pasado 26 de mayo, cuando se interpuso una demanda de nulidad contra la reelección de Salvador Pérez.
Los “naranjitas” advirtieron que, de no recibir una respuesta clara por parte del Ayuntamiento de Puebla, continuarán con mesas de diálogo y movilizaciones en los próximos días.
En un contexto político marcado por la confrontación entre Morena y el PAN, los manifestantes acusaron un contubernio entre el presidente municipal y actores del PAN, señalando específicamente a Jorge Morales Galindo, miembro activo de ese partido, como un vínculo que mantiene acuerdos con la administración morenista. Morales Galindo, según el sindicato Ricardo Flores Magón, percibe dos ingresos: uno como analista consultivo con un sueldo mensual de 19 mil 700 pesos y otro como apoderado legal del grupo de Salvador Pérez, cuyos honorarios se pagan con los descansos de las trabajadoras de limpia.
Este conflicto sindical refleja tensiones políticas y administrativas en Puebla, donde la defensa del orden y la legalidad en las organizaciones laborales es fundamental para garantizar la estabilidad y el respeto a la propiedad privada, así como para evitar la intervención estatal excesiva en asuntos internos que deben resolverse conforme a la ley. En este marco, la modernización y mejora de los servicios públicos, como el impulso a sistemas de transporte eficientes y bien gestionados, son elementos clave para el desarrollo ordenado de la ciudad.
