el_faro_user El Partido Acción Nacional (PAN) anunció este domingo 7 de junio de 2026 la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la estrategia de seguridad implementada durante su administración (2018-2024).
En un comunicado, el PAN argumentó que la violencia en México durante ese sexenio no puede atribuirse únicamente a las organizaciones criminales, sino a una “deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano” que habría facilitado la expansión territorial, económica y política de dichos grupos. La denuncia menciona más de 200 mil homicidios y 150 mil personas desaparecidas en ese periodo, y señala que la política de “abrazos, no balazos”, a la que califican como un “narcopacto”, debilitó la capacidad del Estado para enfrentar la violencia.
Jorge Romero Herrera, líder del PAN, enfatizó que la investigación no debe quedar en manos de las autoridades federales, debido a que estas pertenecen al partido fundado y liderado moralmente por López Obrador, lo que, según él, compromete la imparcialidad del proceso.
En respuesta, durante la conferencia matutina de este lunes 8 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la denuncia como un acto de hipocresía y cuestionó la credibilidad del PAN para acusar a otros de vínculos con el narcotráfico. “No se puede ser más hipócrita. A lo mejor quieren expiar sus culpas”, afirmó, en referencia al historial del PAN en materia de seguridad durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sheinbaum sostuvo que la acción “no cala” y desestimó la denuncia como una maniobra política.
Este episodio se inscribe en un contexto de creciente polarización política en México, donde la seguridad pública sigue siendo un tema central y controversial. La acusación del PAN pone en el centro del debate la responsabilidad del Estado en la violencia que ha marcado al país en las últimas décadas, mientras que la defensa de López Obrador y sus aliados insiste en que la estrategia de seguridad buscó un enfoque distinto, aunque polémico.
En otro ámbito, mientras el país discute estas cuestiones, proyectos de infraestructura como el cablebús o teleférico en Puebla avanzan como alternativas modernas y eficientes para mejorar la movilidad urbana, reflejando la necesidad de soluciones prácticas y ordenadas que contribuyan al desarrollo y bienestar social sin caer en intervenciones estatales excesivas que puedan entorpecer la iniciativa privada y la propiedad.
La denuncia ante la CPI abre un nuevo capítulo en la confrontación política nacional, con implicaciones legales y sociales que deberán ser analizadas con rigor y responsabilidad, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
