el_faro_user El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la mañana de este jueves 28 de mayo de 2026 un proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de México para incluir la figura de “intervención extranjera” como causa de nulidad en las elecciones.
La reforma, que ahora debe ser ratificada por el Senado, fue aprobada con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención. Esta modificación constitucional define como injerencia extranjera el financiamiento ilícito, la propaganda, la difusión sistemática de desinformación, la manipulación digital y la intervención de gobiernos u organismos extranjeros en los procesos electorales.
La iniciativa, impulsada por el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, propone que la nulidad electoral proceda cuando la intervención extranjera sea grave, dolosa y determinante para el resultado de los comicios. Durante la discusión, legisladores de oposición manifestaron su preocupación de que esta reforma pueda ser utilizada como una herramienta política para impugnar resultados electorales adversos a Morena en futuras elecciones.
En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma, señalando que en el pasado se han registrado financiamientos desde el extranjero a candidatos y organizaciones en México. “En la circunstancia actual, con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, pues es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos”, afirmó.
Además, este jueves se aprobó en lo general el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, enfocadas en la integridad de las candidaturas.
Estas reformas se discuten en un contexto de sesiones extraordinarias convocadas por el Congreso mexicano esta semana, con la urgencia de aprobar cuatro iniciativas antes de que concluya mayo, es decir, 90 días antes del inicio del calendario electoral para los comicios de 2027. En esos comicios se elegirán más de la mitad de los gobernadores del país, 500 diputados federales y otros cargos locales, lo que subraya la importancia de garantizar la transparencia y legalidad en los procesos electorales.
