el_faro_user El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, informó este martes que acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de ser citado por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, que lo señalan de presuntos vínculos con el narcotráfico.
A través de un mensaje en redes sociales, Rocha Moya aseguró: “con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”. La comparecencia se da en el contexto de una investigación abierta en México, luego de que el sábado pasado la FGR diera a conocer la citación a declarar de 10 personas señaladas en una acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellas el propio gobernador con licencia.
Rocha Moya detalló que compareció ante la FGR, con sede en Culiacán, Sinaloa, donde respondió a las preguntas formuladas por la Agente del Ministerio Público Federal. “Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, afirmó.
El gobernador con licencia explicó que acudió ante la FGR porque confía en el Sistema Judicial Mexicano, en el Estado de derecho y porque respeta las instituciones de justicia. Añadió que estas instituciones han sido “saneadas y legitimadas” por el movimiento de la Cuarta Transformación, a través de acciones reformadoras que, según él, profundizan la vida democrática y de justicia en México. Rocha Moya también señaló que su actuación está inspirada en el liderazgo de la actual presidenta.
En paralelo, el vicefiscal general de Sinaloa con licencia, Dámaso Castro Saavedra, también se presentó la tarde de este martes a declarar ante la FGR. Al salir de la dependencia, Castro Saavedra manifestó su confianza en su trabajo y en el institucional, rechazando las acusaciones y señalando que esperará la integración de la carpeta de investigación. “Confío en mi trabajo y en el trabajo institucional. Rechazo estas acusaciones. Vamos a esperar la integración de la carpeta”, declaró.
El sábado pasado, la FGR informó que realiza “las acciones pertinentes” dentro de sus planes de investigación y que, entre otras acciones, las personas referidas “están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación”, con el objetivo de “avanzar con seriedad y exhaustividad”.
La citación de los funcionarios ocurre después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció el 29 de abril una acusación contra Rocha Moya y otros nueve actuales o exfuncionarios y mandos de Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas. El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que los acusados supuestamente conspiraron con líderes del cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
La lista difundida por el Departamento de Justicia incluye, además de Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázares, al exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, a Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Este caso pone a prueba la fortaleza institucional y la confianza en el Estado de derecho, en un contexto donde la cooperación internacional y la transparencia son fundamentales para garantizar la legalidad y el orden, sin que ello implique una intervención estatal excesiva que pueda afectar la certidumbre jurídica y la propiedad privada.
